30 de septiembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.
El ayuntamiento de Morelia, la capital del estado mexicano de Michoacán, ha anunciado la cancelación definitiva de la corrida de toros que estaba programada para celebrarse en la Plaza Monumental este mismo martes. Esta decisión revierte un permiso previo que se había obtenido a través de un recurso legal.
Originalmente, los promotores del evento taurino habían logrado obtener los permisos necesarios para su realización gracias a un amparo otorgado por una jueza federal. Este recurso legal les permitía llevar a cabo el festejo a pesar de que existe una ley estatal en Michoacán que explícitamente prohíbe las corridas de toros.
El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, fue quien comunicó públicamente la revocación del permiso. Esta acción se justificó citando que un regidor había informado sobre la negación del amparo al torero Emiliano Villafuerte, conocido como ‘El Moso’, por parte de otro juez federal.
Curiosamente, solo unas horas antes, el mismo alcalde había publicado en sus redes sociales que su administración no podía interferir en la celebración de la corrida. En ese momento, Martínez Alcázar había manifestado su respeto por la decisión judicial de la jueza cuarta de Distrito, Katia Orozco, quien había concedido a Villafuerte una suspensión de la prohibición mientras se determinaba la resolución final de su amparo.
Sin embargo, los organizadores de la corrida de toros, en una rueda de prensa posterior, argumentaron que el amparo que suspendía la prohibición continuaba vigente por diez días adicionales, según la ley. El torero Villafuerte lamentó la decisión del ayuntamiento, declarando que, con la cancelación, sentía que “no prevalece el estado de derecho”, ya que la prórroga legal aún les permitiría realizar el evento charro taurino.
Este conflicto legal y social se enmarca en la ley aprobada por el Congreso de Michoacán el pasado 2 de abril, la cual prohíbe las corridas de toros en todo el estado, con 19 votos a favor. El anuncio de la corrida había generado una gran controversia, con más de cincuenta asociaciones antitaurinas exigiendo el cumplimiento de la ley, mientras que el sector taurino se mantenía optimista ante lo que consideraban una victoria legal, impulsada por un amparo federal que, según una de las organizadoras, “sometió a gran presión al alcalde”. Las peleas de gallos, no obstante, quedaron excluidas y siguen siendo legales en el estado.
