21 de octubre de 2025 – Lima – EFE.
El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció este martes la implementación de un estado de emergencia en la capital, Lima, y en la provincia portuaria contigua del Callao. La medida, que entrará en vigor a la medianoche del miércoles y tendrá una duración de 30 días, tiene como objetivo declarado intensificar la lucha contra el crimen organizado que ha escalado en la región.
En un mensaje televisado a la nación, Jerí, quien asumió el cargo hace menos de dos semanas tras la destitución de Dina Boluarte, reconoció que la delincuencia “ha crecido de manera desmesurada”, provocando un inmenso sufrimiento a las familias y causando graves perjuicios a la economía nacional. Sin embargo, el mandatario prometió que con esta acción “hoy empezamos a cambiar la historia” y que el combate al crimen permitirá al país “recuperar la paz y la tranquilidad”.
Aunque el presidente Jerí se abstuvo de proporcionar detalles concretos sobre las acciones específicas que se llevarán a cabo, limitándose a afirmar que “Las guerras se ganan con acciones y no con palabras”, el decreto publicado en el diario oficial detalla algunas de las medidas. Durante los 30 días que dure la emergencia, varios derechos fundamentales quedarán temporalmente suspendidos, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, lo que ocurre en un contexto de protestas activas contra el Gobierno y el Congreso.
El decreto de emergencia establece que las Fuerzas Armadas proporcionarán apoyo directo a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. Este apoyo se manifestará a través de patrullajes conjuntos en zonas consideradas críticas, como paraderos, estaciones de metro e instituciones sensibles. Adicionalmente, policías y militares se encargarán de custodiar edificios públicos y de establecer comandos de campaña temporales en coordinación con los municipios más afectados para realizar operativos masivos y permanentes de decomiso de armas y explosivos.
Dentro de los centros penitenciarios, la medida contempla la limitación de visitas a los reclusos. También se prevé un “apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación” y el “desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas”, delegando el sostenimiento de estas acciones en las Fuerzas Armadas. Horas antes del anuncio, el presidente había publicado en redes sociales un mensaje alentador: “de la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad”.
La decisión de decretar el estado de emergencia busca responder a una creciente ola de violencia que se ha convertido en una problemática central en Perú. En las últimas semanas se han registrado paros de transportistas y grandes movilizaciones de protesta debido al impacto del crimen organizado en Lima y otras ciudades, que ha dejado decenas de víctimas en el sector transporte. Esta escalada de inseguridad fue, de hecho, uno de los factores clave que motivó la destitución de la expresidenta Boluarte el pasado 9 de octubre. Las cifras oficiales reflejan la gravedad de la situación, con 575 homicidios registrados en el trimestre de julio a septiembre de 2025, cerca del pico máximo de 580 alcanzado a finales de 2024.
