24 de noviembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.
La Secretaría de Economía (SE) de México informó este lunes que el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución adscrita al Banco Mundial, desestimó una demanda multimillonaria interpuesta por Access Business Group en contra del país. La empresa reclamaba 2.700 millones de dólares alegando la supuesta expropiación de terrenos en el estado de Jalisco, pero el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para conocer el caso.
La dependencia gubernamental mexicana emitió un comunicado en el que detalló que, con fecha 21 de noviembre de 2025, el Tribunal Arbitral decidió por mayoría a favor de México, estableciendo que no tenía la competencia legal para abordar la controversia y, por ende, desestimando el arbitraje en su totalidad.
La Secretaría de Economía explicó que logró representar de manera exitosa al Estado mexicano en el procedimiento de arbitraje, el cual fue iniciado por Access Business Group. Dicha empresa había presentado su reclamación ante el CIADI en abril de 2023, basándose en las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Access Business Group argumentaba que, a través de su filial Nutrilite, había adquirido en los años 1992 y 1994 una serie de parcelas que conforman un predio conocido como ‘El Petacal’, ubicado en Jalisco, al occidente de México. La esencia de su reclamación se centraba en la presunta expropiación de dichos terrenos, alegando que en julio de 2022 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) los había transferido a un ejido, una figura de propiedad colectiva en México.
No obstante, el Tribunal Arbitral llegó a la conclusión de que no poseía jurisdicción para emitir un fallo, principalmente porque las acciones gubernamentales que la empresa impugnaba ocurrieron más de dos años después de que el TLCAN dejara de estar en vigor. Por lo tanto, no podían ser consideradas como violaciones a obligaciones contractuales que ya habían expirado. El Tribunal citó que “nada en el texto del Anexo 14-C indica que los Estados contratantes hayan extendido la aplicación de las disposiciones sustantivas de la Sección A del Capítulo 11 más allá de la terminación del TLCAN”.
Como resultado de la decisión, el Tribunal no solo falló a favor de México, sino que también ordenó a la empresa demandante que realizara un pago de aproximadamente 1,3 millones de dólares en favor del Estado mexicano, destinados a cubrir los gastos y costos relacionados con el arbitraje. La Secretaría de Economía, bajo la dirección del secretario Marcelo Ebrard, enfatizó que este desenlace representa un logro significativo para México, establece un precedente importante en el ámbito del arbitraje de inversiones y demuestra la improcedencia de la reclamación multimillonaria.
Finalmente, la SE señaló que el laudo está en proceso de revisión para identificar y proteger la información que se considere confidencial. Una vez que este procedimiento concluya, la resolución será publicada en el sitio web oficial del CIADI, donde se podrá consultar información adicional sobre este caso de arbitraje. Durante todo el proceso, México fue representado por funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas legales Tereposky & DeRose y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, y contando con el apoyo institucional de la Sedatu.
