22 de diciembre de 2025 – Guayaquil (Ecuador) – EFE.
La justicia de Ecuador dictó una sentencia de casi treinta y cinco años de prisión contra once miembros del ejército por la desaparición de cuatro jóvenes afroecuatorianos. El proceso judicial determinó que los uniformados realizaron una detención ilegal en Guayaquil, tras la cual las víctimas fueron halladas muertas con signos de violencia extrema y quemaduras días después de su arresto.
En el mismo dictamen, los magistrados otorgaron penas reducidas de treinta meses a cinco soldados que decidieron colaborar con las investigaciones oficiales. Por otro lado, un oficial de alto rango que enfrentaba cargos por presunta complicidad fue declarado inocente, quedando libre de toda responsabilidad penal en los trágicos hechos ocurridos en diciembre del año pasado.
Además de la privación de la libertad, los sentenciados deberán pagar una multa colectiva que supera los trescientos mil dólares y reparaciones económicas individuales a los parientes afectados. La resolución judicial también exige que los responsables ofrezcan disculpas públicas y que el fallo se difunda en la prensa nacional para dejar constancia de la gravedad de lo sucedido.
Este veredicto representa un hito importante, ya que es la primera condena emitida por abusos a los derechos humanos desde que se declaró el estado de conflicto interno en el país. Aunque diversas agrupaciones han reportado múltiples casos similares, esta es la instancia inicial donde se logra una resolución definitiva contra agentes del Estado por tales crímenes.
Durante el juicio se reveló que los militares interceptaron a los menores, cuyas edades oscilaban entre los once y quince años, basándose en sospechas de robo. En lugar de seguir los protocolos legales, los trasladaron a una zona alejada y deshabitada, donde fueron sometidos a vejaciones físicas y psicológicas antes de ser abandonados en un entorno de alta peligrosidad.
Las investigaciones concluyeron que existió un acuerdo entre los implicados para ocultar lo ocurrido a sus superiores y a las fuerzas policiales. El tribunal destacó la crueldad empleada, respaldada por testimonios y evidencias audiovisuales que mostraron el maltrato recibido por los jóvenes, quienes vivieron momentos de angustia antes de perder la vida en los manglares cercanos.
