13 de enero de 2026 – Caracas – EFE.
El titular del Parlamento venezolano afirmó recientemente que se han superado las cuatrocientas liberaciones de detenidos por causas políticas desde finales del año pasado. Esta información surge en un contexto de alta tensión política, tras los cambios en el mando ejecutivo del país. Según el portavoz oficial, estas medidas representan una decisión propia del gobierno actual para aliviar la situación interna, aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre la identidad de todos los beneficiados en los grupos anunciados recientemente.
A pesar de los anuncios oficiales sobre estas salidas masivas, diversas organizaciones no gubernamentales han puesto en duda la veracidad de tales cifras. Los defensores de derechos humanos sostienen que no se está registrando un movimiento importante de excarcelaciones y que el proceso enfrenta retrasos constantes. Mientras el sector oficial reporta cientos de casos, las verificaciones independientes apenas logran confirmar una fracción de esos números, lo que genera una brecha significativa entre el discurso estatal y la realidad observada en los centros de reclusión.
La falta de un listado público y detallado con los nombres de las personas liberadas ha incrementado la desconfianza entre activistas y partidos de la oposición. Las agrupaciones civiles argumentan que la opacidad informativa constituye un trato cruel hacia los prisioneros y sus allegados, quienes no reciben notificaciones claras sobre los procedimientos. Esta ausencia de datos oficiales impide contrastar la información y mantiene en la incertidumbre a cientos de hogares que esperan noticias concretas sobre sus familiares privados de libertad.
Líderes opositores han denunciado que la realidad de los centros penitenciarios contradice las declaraciones emitidas desde la Asamblea Nacional. Aseguran que el número de personas que efectivamente han recuperado su libertad es mucho menor al difundido por el gobierno, calificando los anuncios como maniobras de desinformación. Asimismo, critican que no se establezca un protocolo de comunicación con las familias, lo que obliga a muchas personas a permanecer en condiciones precarias a las puertas de las cárceles con la esperanza de obtener alguna respuesta.
Esta situación ha derivado en vigilias permanentes a las afueras de los recintos carcelarios, donde los allegados enfrentan dificultades económicas y riesgos para su salud. El costo de permanecer en las cercanías de las prisiones es elevado, incluyendo gastos en alojamiento improvisado y alimentación que muchas familias apenas pueden costear. Los testimonios recogidos en estos lugares reflejan una profunda angustia, exacerbada por la falta de transparencia en las listas de excarcelación y por casos de traslados a lugares desconocidos que complican el seguimiento de los detenidos.
Finalmente, la presión por obtener una lista veraz y completa continúa creciendo tanto en el ámbito nacional como internacional. Organizaciones especializadas en el conteo de prisioneros políticos mantienen registros que difieren notablemente de los balances del oficialismo, insistiendo en que todavía queda un número considerable de personas tras las rejas por motivos ideológicos. Los familiares aseguran que no abandonarán su protesta hasta que se cumplan las promesas de liberación y se aclare el paradero de aquellos de quienes no se tiene información precisa.
