14 de enero de 2026 – Ciudad de México – EFE.
Las autoridades judiciales del estado de Sonora han determinado la responsabilidad de la corporación propietaria de un establecimiento comercial en relación con una conflagración que causó la pérdida de veinticuatro vidas y múltiples heridos a finales del año pasado. La fiscalía ha formalizado cargos criminales que incluyen homicidio por negligencia, así como lesiones y afectaciones graves a la salud de las víctimas. Entre los agravantes mencionados en el proceso se encuentra el fallecimiento de personas en estado de gestación, lo que ha incrementado la severidad de las imputaciones contra los involucrados.
En las etapas iniciales del proceso legal, un juzgador decidió que la mayoría de los señalados podrán continuar su defensa sin permanecer en reclusión mientras se llega a la instancia del juicio. Esta determinación se basó en que los acusados cuentan con vínculos sólidos en la región y el tribunal estimó que no representan una amenaza directa para los sobrevivientes ni para la integridad de las pruebas recolectadas. No obstante, las investigaciones continúan abiertas con el fin de profundizar en los detalles técnicos y operativos que derivaron en el fatal desenlace dentro del local.
La situación jurídica es distinta para el representante legal de la compañía, quien enfrenta señalamientos directos por haber presentado supuestamente documentación apócrifa ante las oficinas gubernamentales para gestionar licencias de operación. Según la parte acusadora, esta conducta constituye una violación grave a las responsabilidades legales que debían garantizar la seguridad del inmueble. Aunque se solicitó que este individuo permaneciera bajo custodia cautelar, una orden de protección legal ha impedido temporalmente que se ejecute su ingreso a un centro penitenciario.
Por su parte, los representantes del ministerio público han manifestado su intención de apelar los recursos legales que protegen al principal imputado para asegurar que sea juzgado bajo medidas restrictivas de libertad. La fiscalía ha reiterado su compromiso de procesar a todos los responsables, incluyendo a quienes se encuentran sustraídos de la acción de la justicia o amparados por decisiones judiciales previas. En los próximos días se llevará a cabo una nueva sesión donde se definirá formalmente si los acusados irán a juicio oral por los hechos descritos.
La comunidad y los familiares de los afectados han expresado un profundo temor ante la posibilidad de que eventos similares se repitan en otros edificios cercanos que presentan carencias en sus protocolos de mantenimiento. Existe una exigencia colectiva de justicia que apunta no solo a la empresa, sino también a la gestión de las redes eléctricas y a la supervisión oficial de las instalaciones. Los testimonios sugieren que la acumulación de fallos en el suministro de energía y la falta de atención a los sistemas internos fueron factores determinantes en la explosión que originó la tragedia.
El siniestro ocurrió durante una jornada de alta afluencia de clientes debido a las festividades tradicionales y al calendario de pagos laborales, lo que maximizó el impacto humano. El origen del fuego se vinculó al estallido de un equipo de transformación eléctrica tras una serie de irregularidades en el servicio de luz en la zona céntrica de la ciudad. Hasta el momento, las pericias técnicas coinciden en que el desastre fue producto de un accidente derivado de la precariedad de las instalaciones y no de un acto realizado con voluntad de daño.
