29 de enero de 2026 – Washington – EFE.
Las facciones políticas del Senado estadounidense junto con la administración central han logrado establecer un consenso presupuestario durante la jornada del jueves. Esta resolución de carácter bipartidista surge con el propósito fundamental de impedir que la administración federal cese sus funciones operativas al llegar el límite del viernes por la noche.
El pacto alcanzado consiste en fragmentar la propuesta de gasto original para gestionar de forma separada los recursos del Departamento de Seguridad Nacional. A través de un proyecto legislativo complementario, se busca garantizar la continuidad financiera de diversas dependencias públicas, permitiendo que el aparato estatal siga trabajando sin interrupciones.
Específicamente, los fondos destinados a la seguridad fronteriza y al control migratorio se mantendrán en sus niveles actuales hasta mediados del mes de febrero mediante una medida de extensión. Esta decisión técnica permite que las operaciones de vigilancia y aduanas no se vean afectadas mientras se definen las políticas presupuestarias definitivas para el resto del año.
El debate principal entre los legisladores giraba en torno a la duración de esta prórroga, estableciéndose finalmente en un periodo de catorce días. El ala demócrata impulsó este plazo para ejercer presión sobre las tácticas utilizadas por los agentes federales en operativos recientes, buscando implementar cambios en los protocolos de actuación tras incidentes graves en el norte del país.
Dentro de las reformas que se pretenden discutir en este lapso se incluye la restricción del uso de prendas que oculten el rostro de los oficiales y la obligatoriedad de portar dispositivos de grabación personal. Estas exigencias surgieron después de que la cámara alta frenara inicialmente el debate sobre el presupuesto como medida de fuerza para garantizar mayor transparencia en las acciones de seguridad.
Por su parte, el ejecutivo manifestó su compromiso de trabajar conjuntamente con el poder legislativo para asegurar la estabilidad financiera del país hasta el mes de septiembre. La intención es evitar a toda costa una paralización prolongada que resulte perjudicial para la economía nacional, especialmente tras haber superado recientemente el cierre gubernamental más extenso registrado en la historia.
