6 de febrero de 2026 – Nueva York – EFE.
La gobernadora de Nueva York ha ratificado este viernes una legislación que permite el auxilio médico para morir a ciudadanos con diagnósticos terminales y una expectativa de vida inferior a seis meses. Esta medida entrará en funcionamiento a partir del próximo mes de julio, tras un proceso de revisión que ha buscado equilibrar el derecho a una muerte digna con la seguridad jurídica de los pacientes. El anuncio marca un hito en la política sanitaria del estado, estableciendo un marco legal para una práctica que ha sido objeto de debate durante décadas.
La propuesta inicial ya contemplaba salvaguardas para evitar que cualquier enfermo fuera coaccionado a tomar esta decisión, además de proteger la libertad de conciencia de los médicos y centros de salud con afiliaciones religiosas. Sin embargo, la administración estatal y el cuerpo legislativo decidieron integrar nuevas cláusulas de seguridad para blindar el proceso. Estas adiciones buscan prevenir cualquier tipo de abuso o influencia externa, garantizando que la elección sea estrictamente personal y voluntaria para quienes enfrentan etapas finales de una enfermedad.
Con la implementación de esta norma, Nueva York se convierte en la decimocuarta jurisdicción de Estados Unidos en legalizar esta opción médica, siguiendo el camino iniciado por Oregón a mediados de los años noventa. La decisión se tomó tras un extenso periodo de análisis que involucró a especialistas en salud, grupos de activistas y familias que han vivido de cerca la etapa terminal de sus seres queridos. La mandataria local señaló que, a pesar de las complejidades éticas personales, esta es la resolución adecuada para atender las demandas de la ciudadanía.
Uno de los puntos clave de la nueva normativa es la obligatoriedad de cumplir con un periodo de espera de cinco días desde que se autoriza la receta médica hasta su ejecución. Además, el protocolo exige que el paciente realice una declaración grabada en audio o video donde solicite formalmente la asistencia, sumado a una valoración psicológica o psiquiátrica previa. Estas medidas pretenden certificar la plena capacidad mental y la determinación consciente del solicitante antes de proceder con el protocolo médico.
Asimismo, la ley establece restricciones estrictas respecto a los testigos y colaboradores que participan en el trámite oficial. Queda prohibido que cualquier individuo con intereses financieros en el fallecimiento del paciente actúe como testigo de la petición o desempeñe funciones de intérprete durante el proceso. Esta cláusula es fundamental para evitar conflictos de interés y asegurar que el entorno del enfermo no interfiera en una decisión que debe ser tomada de forma autónoma y libre de presiones económicas.
La entrada en vigor de la ley se ha programado para dentro de medio año con el fin de otorgar al Departamento de Salud el tiempo necesario para redactar los reglamentos pertinentes. Este intervalo de seis meses también permitirá que las instituciones hospitalarias y el personal sanitario reciban la capacitación adecuada sobre los nuevos protocolos y requisitos éticos. De esta manera, las autoridades buscan asegurar que el sistema de salud esté plenamente preparado para cumplir con la normativa de manera rigurosa y humana.
