24 de febrero de 2026 – Washington – EFE.
Durante su reciente discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Donald Trump sostuvo que los nuevos gravámenes del 10 por ciento aplicados a las importaciones no necesitarán la intervención del Congreso para mantenerse de forma indefinida. Esta declaración surge tras un revés judicial en el que la máxima instancia legal del país cuestionó sus facultades para implementar políticas comerciales de manera unilateral. El mandatario republicano describió estas medidas aduaneras como un sistema más sofisticado y eficiente que permitirá fortalecer la economía nacional frente a la competencia extranjera.
La estrategia del Ejecutivo se fundamenta en la utilización de la ley de comercio de 1974, específicamente en su sección 122, para eludir los obstáculos parlamentarios. Aunque la normativa vigente estipula que este tipo de aranceles tienen una duración limitada a 150 días sin la aprobación del Congreso, el discurso presidencial sugirió que se buscarán mecanismos para perpetuar el cobro sin mediación externa. Esta postura indica una clara intención de avanzar con una agenda comercial agresiva sin depender del apoyo de una mayoría en el Congreso que actualmente se presenta muy ajustada.
Una de las propuestas más disruptivas mencionadas en la intervención fue la posibilidad de que la recaudación obtenida mediante aranceles a países extranjeros llegue a reemplazar el sistema de impuesto sobre la renta actual. El presidente aventuró que este cambio estructural aliviaría la presión financiera sobre los ciudadanos estadounidenses, volviendo a un modelo de ingresos fiscales basado en el comercio exterior similar al utilizado en el pasado. Esta visión busca transformar radicalmente la política tributaria de Estados Unidos, centrando la carga económica en los productos importados en lugar de en las personas físicas.
El origen de esta nueva fase en la política de aduanas se remonta a la sentencia de la Corte Suprema que invalidó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles recíprocos. El tribunal determinó que el presidente se excedió en sus funciones y que la intervención del Congreso era un requisito indispensable para tales acciones. Ante este fallo, la respuesta inmediata de la Casa Blanca fue la firma de una orden ejecutiva que activa nuevos impuestos globales apoyándose en normativas previas que el mandatario considera menos restrictivas.
A pesar de haber calificado la decisión de los jueces como desafortunada, el presidente moderó su tono frente a los miembros de la magistratura presentes en el recinto. La tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se mantiene latente, especialmente tras el anuncio presidencial de que los impuestos aduaneros podrían elevarse en cinco puntos adicionales en el corto plazo. No obstante, esta intención de subir los gravámenes al 15 por ciento todavía no se ha formalizado mediante un decreto oficial, lo que mantiene al mercado internacional a la expectativa de nuevos movimientos administrativos.
El panorama político y económico en Washington refleja una profunda división sobre el alcance del poder presidencial en materia de comercio exterior. Mientras algunos sectores de la justicia mantienen su postura crítica sobre la autonomía del mandatario para fijar tasas, la administración continúa explorando vías legales alternativas para ejecutar sus promesas de campaña. El desarrollo de esta disputa determinará el futuro de los acuerdos comerciales de Estados Unidos y la viabilidad de un sistema fiscal que dependa menos de los contribuyentes internos y más de la tributación a las mercancías importadas.
