1 de julio de 2025 – Los Ángeles – EFE.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, denunció que la demanda presentada por el Gobierno de Donald Trump contra las políticas migratorias de la ciudad constituye un “ataque frontal” y aseguró que no permitirá que su administración sea intimidada. Durante una conferencia de prensa, reafirmó su compromiso de proteger a todos los residentes de la ciudad ante las acciones que calificó como crueles e injustificadas por parte del gobierno federal.
Bass respondió así a la reciente demanda federal que busca revertir las políticas de “ciudad santuario” de Los Ángeles. Estas políticas han sido adoptadas para proteger a las comunidades inmigrantes y limitar la colaboración de las autoridades locales con las agencias federales de inmigración. La alcaldesa afirmó que su gobierno mantendrá su postura en defensa de los inmigrantes, que son una parte esencial de la ciudad.
En la demanda, el gobierno federal señala directamente a la alcaldesa Bass y al presidente del concejo municipal, Marqueece Harris-Dawson, y pretende invalidar una ordenanza local que prohíbe el uso de recursos municipales en operativos de inmigración federal. Esta norma ha sido parte de la política de la ciudad para asegurar que los inmigrantes puedan vivir sin temor a ser detenidos arbitrariamente.
La alcaldesa advirtió que el gobierno de Trump intenta imponer su voluntad sobre la ciudad, buscando desmantelar políticas que reflejan los valores de inclusión y diversidad de Los Ángeles. En su opinión, esta ofensiva responde más a una estrategia ideológica que a una verdadera preocupación por la seguridad o el orden público.
Bass también acusó a la administración federal de utilizar a Los Ángeles como escenario para ensayar medidas extremistas en su política migratoria. Recordó que la ciudad enfrenta investigaciones federales en otras áreas, como transporte, lo que considera parte de una campaña de presión por parte del Gobierno central.
La demanda se produce en un momento de alta tensión, durante una ola de operativos migratorios en California que han provocado protestas. En respuesta, el presidente Trump ordenó el despliegue de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional en el estado sin consultar al gobernador, algo que no ocurría desde hace seis décadas, incrementando aún más el conflicto entre el Gobierno federal y las autoridades locales.
