14 de mayo de 2025 – El Salvador – Agencias.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que enviará a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que impone un impuesto del 30 % sobre las donaciones que reciben las organizaciones no gubernamentales. Esta iniciativa surge después de una protesta nocturna protagonizada por habitantes de una comunidad rural que se manifestaron cerca de la residencia del mandatario para evitar un desalojo ordenado por un tribunal. La Asamblea está controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, lo que facilita la aprobación del proyecto.
Bukele vinculó la protesta con la supuesta manipulación de los manifestantes por parte de ONG y grupos autodenominados de izquierda, con el objetivo de atacar a su gobierno. Alegó que la protesta mostró señales de organización profesional, incluyendo la presencia coordinada de medios y pancartas impresas, lo cual, según él, confirmaría que hubo intereses externos detrás de la movilización de los pobladores.
El mandatario explicó que el conflicto por la tierra se originó en 1998 y culminó judicialmente en 2008, con una sentencia a favor del acreedor. Los pobladores afirman haber sido víctimas de una estafa y que más de 300 familias están en riesgo de desalojo el próximo 22 de mayo. Bukele señaló que el acreedor podría estar vinculado al partido opositor ARENA, aunque aclaró que no tiene conocimiento personal del individuo.
A pesar de la situación, Bukele afirmó que el gobierno está dispuesto a buscar una solución para las familias afectadas. Sin embargo, justificó la imposición del impuesto a las ONG con el argumento de que los salvadoreños que pagan alquileres o hipotecas no deberían financiar, mediante impuestos, terrenos ocupados por quienes “hacen más ruido”.
El proyecto de Ley de Agentes Extranjeros contempla que lo recaudado del impuesto del 30 % se destine a saldar la deuda de la cooperativa afectada. De este modo, según Bukele, se beneficiaría a todas las partes: las familias podrían conservar sus viviendas, la población general no asumiría el costo y las ONG cumplirían con su propósito de ayuda social.
Paralelamente, organizaciones como el Foro del Agua denunciaron la detención arbitraria del abogado y defensor ambiental Alejandro Henríquez, así como de otras personas de la comunidad, incluyendo al presidente de la cooperativa, José Ángel Pérez. Más de veinte ONG expresaron su rechazo ante lo que consideran agresiones estatales contra los habitantes y representantes de la Cooperativa El Bosque.
