19 de septiembre de 2025 – Lima – EFE.
Este viernes, en un operativo que incluyó a una gran cantidad de policías, las últimas cinco familias que se oponían a dejar el antiguo pueblo de Morococha, en Perú, fueron desalojadas a la fuerza. Este desalojo se llevó a cabo para permitir la expansión de la mina de cobre Toromocho, operada por la compañía china Chinalco. Durante el procedimiento, se les prohibió el acceso a periodistas y miembros de organizaciones no gubernamentales que intentaban documentar lo que sucedía.
Estas familias, compuestas por alrededor de quince personas, eran los últimos residentes que quedaban en la Antigua Morococha. El resto de la población, unas 5,000 personas, ya se habían trasladado a la urbanización de Nuevo Morococha, un asentamiento que la minera construyó para reubicar a los habitantes en la región de Junín.
Un numeroso grupo de agentes de policía impidió el paso a quienes buscaban supervisar el proceso de desalojo, que se ejecutó después de que un juez desestimara el último recurso legal que las familias habían presentado para evitar ser expulsadas de sus hogares. Este rechazo judicial dejó a los residentes sin más opciones para quedarse.
La Red Muqui, una alianza de 30 organizaciones que defienden los derechos de las comunidades en zonas mineras de Perú, denunció que este desalojo forzoso fue completamente arbitrario. Según la Red, la decisión judicial deja a las familias en una situación de extrema vulnerabilidad y sin ninguna garantía para sus derechos básicos, lo que consideraron una grave injusticia.
La reubicación del pueblo de Morococha, que se encuentra a 4,600 metros sobre el nivel del mar en Junín, a unos 150 kilómetros de Lima, era parte de un plan de expansión de la mina de Toromocho que se aprobó hace una década. El objetivo de este proyecto era aumentar la capacidad de procesamiento de mineral de 117,000 a 170,000 toneladas por día. El avance de la explotación minera a cielo abierto había dejado el enorme tajo a solo unos metros de las casas de la comunidad.
Uno de los residentes afectados, Elvis Atachahua, relató con gran dolor que algunas puertas fueron forzadas para sacar las pertenencias de las personas. Aseguró, además, que las autoridades presuntamente bloquearon la señal telefónica en la zona para que nadie pudiera transmitir en vivo lo que estaba ocurriendo. Yolith Alejo, otra residente que había vivido en el pueblo por más de 20 años, contó cómo desde que salió la resolución judicial, ella y su familia habían sido hostigadas y que incluso les cerraron la única vía de acceso a sus casas. El abogado de las familias, Carlos Castro, criticó la ausencia del juez en el desalojo, argumentando que su presencia era fundamental dada la magnitud y las implicaciones sociales del caso.
