21 de octubre de 2025 – Bogotá – EFE.
Un tribunal de Colombia ha revocado la condena previa y ha declarado inocente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó el país entre 2002 y 2010. La decisión absuelve al exmandatario de los cargos de soborno en actuación penal y fraude procesal, delitos por los cuales una jueza lo había sentenciado en primera instancia a cumplir doce años de prisión bajo arresto domiciliario.
La defensa del político de derecha, de 73 años, considerado una de las figuras más influyentes en la política colombiana de este siglo, había apelado la condena emitida por la jueza Sandra Heredia en agosto. Esta sentencia inicial, que fue apodada el ‘juicio del siglo’, había convertido a Uribe en el primer expresidente del país en recibir una condena penal.
El Tribunal Superior de Bogotá, que previamente había ordenado la liberación de Uribe mientras se resolvía la apelación, falló a favor del exmandatario, exonerándolo de todas las acusaciones presentadas en su contra. No obstante, esta decisión no es definitiva, ya que el senador Iván Cepeda, un político de izquierda y precandidato presidencial que figura como víctima en el caso, anunció que llevará la disputa a la Corte Suprema de Justicia para un recurso de casación, siendo esta la máxima instancia con la decisión final.
En la justificación del fallo de segunda instancia, el magistrado Manuel Antonio Merchán explicó que no se encontraron pruebas suficientes que demostraran que Uribe instruyó el ofrecimiento de beneficios a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, Eurídice Cortés y Juan Guillermo Monsalve. El presunto objetivo de estos sobornos habría sido impedir que los testigos lo vincularan con la formación de un grupo paramilitar, además de que el tribunal determinó que el delito de fraude procesal carecía de sustento.
El tribunal también declaró como ilegales ciertas interceptaciones telefónicas realizadas a Uribe en 2018, argumentando que se iniciaron por error mientras se investigaba a otra persona. El magistrado Merchán criticó la sentencia de primera instancia, señalando que incurrió en “errores metodológicos, falacia interpretativa y valoración sesgada de pruebas” al construir deducciones sobre la responsabilidad penal sin un respaldo objetivo.
La controversia se originó en 2012, cuando el entonces senador Uribe demandó a Iván Cepeda ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos. Esta acción legal ocurrió mientras Cepeda preparaba una denuncia en el Congreso contra Uribe por sus supuestos lazos con grupos paramilitares. Sin embargo, la Corte no solo desestimó la investigación contra Cepeda, sino que, al encontrar indicios de manipulación de testigos por parte de Uribe para desvincularse del paramilitarismo, abrió un proceso en su contra. La absolución de Uribe provocó reacciones políticas inmediatas: el presidente Gustavo Petro, de izquierda, criticó el fallo diciendo que “tapa la historia paramilitar en Colombia” y llamó a una manifestación. En contraste, la derecha, incluyendo a figuras como el expresidente Iván Duque, celebró el fallo como una “gran victoria de la democracia”.
