3 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.
El Gobierno del presidente Donald Trump ha tomado la decisión de anular el Estatus de Protección Temporal (TPS) que se había concedido a los ciudadanos venezolanos en el año 2021. Esta medida pone en riesgo de deportación a aproximadamente 250,000 inmigrantes de esa nacionalidad que se beneficiaban de este programa. La revocación representa un cambio significativo en la política migratoria y tiene un impacto directo en un amplio grupo de personas.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue la encargada de hacer el anuncio oficial. Informó que no se extenderá la protección que el Gobierno del presidente Joe Biden había otorgado a los cerca de 250,000 venezolanos. Esta protección, que les permitía trabajar legalmente y los resguardaba de la deportación, está programada para expirar el 10 de septiembre.
Un portavoz del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Matthew Tragesser, explicó que la decisión de no prorrogar el amparo se basa en la percepción de que Venezuela juega un papel relevante en la migración irregular y que el TPS ha funcionado como un “efecto imán”. Según Tragesser, continuar con el TPS iría en contra de los esfuerzos de la Administración Trump por asegurar la frontera sur y gestionar la migración de forma efectiva.
La secretaria Noem afirmó que las condiciones en Venezuela ya no justifican la continuidad del TPS, por lo que considera que la extensión del programa va en contra del interés nacional. Esta determinación surge a pesar de que un Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos había ratificado, pocos días antes, un fallo judicial que calificaba de ilegal la terminación del TPS para unos 600,000 venezolanos, incluyendo a aquellos afectados por la decisión actual.
El litigio legal busca proteger a dos grupos de venezolanos bajo el TPS: los 250,000 beneficiarios de 2021 y los 350,000 a quienes se les había extendido el amparo en 2023. Un panel de tres jueces de apelación respaldó de manera unánime la decisión de un juez federal en California, quien evaluó una demanda presentada por la Alianza Nacional TPS y varios inmigrantes venezolanos. Este fallo judicial reconoció los graves daños que la cancelación del TPS podría causar, como la pérdida de empleo, la separación de familias, y el riesgo de detención y deportación.
Se espera que el juez a cargo del caso emita una resolución en los próximos días. Esta decisión podría potencialmente suspender la acción del Gobierno de Trump, lo que dejaría en el limbo la situación de los miles de venezolanos afectados. La incertidumbre legal y el futuro de estas personas dependen ahora del resultado de este proceso judicial.
