22 de septiembre de 2025 – Los Ángeles – EFE.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) ha emitido una advertencia importante, señalando que la propuesta del gobierno de imponer una tarifa de 100.000 dólares para las nuevas visas H-1B tendrá un impacto mucho más amplio de lo que se ha sugerido inicialmente. Según la organización, esta medida no solo afectará al sector tecnológico, sino que también repercutirá en una variedad de otras industrias, como la agricultura, las energías renovables y el sector médico.
La administración del presidente Donald Trump anunció la semana pasada que esta nueva tarifa sería obligatoria para los nuevos visados H-1B, que están diseñados para profesionales con altas calificaciones. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, justificó la medida argumentando que su propósito es motivar a las grandes empresas a capacitar a trabajadores estadounidenses en lugar de contratar a extranjeros. Sin embargo, AILA sostiene que este enfoque pasa por alto una realidad crucial del mercado laboral.
En una conferencia de prensa, el presidente de AILA, Jeff Joseph, explicó que el número de empleadores que dependen de las visas H-1B va mucho más allá de las grandes corporaciones tecnológicas. Joseph enumeró una larga lista de sectores que se verían afectados, incluyendo hospitales, universidades, médicos rurales, dentistas, empresas de energía, manufactura, ingeniería, clero, finanzas, infraestructura, arquitectura, abogados, contadores y transporte.
Joseph destacó que las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro, que a menudo son las que más necesitan a estos trabajadores, serán las más perjudicadas por esta medida. La incapacidad de estas organizaciones para asumir el costo de 100.000 dólares por cada visa H-1B podría llevarlas a la quiebra. Según el abogado, los verdaderos perdedores de esta política no son quienes el gobierno tenía en mente al diseñarla.
La directora de Relaciones Gubernamentales de AILA, Shev Dalal-Dheini, criticó la propuesta, sugiriendo que parece haber sido diseñada para generar el mayor caos posible. Los abogados de la organización manifestaron su frustración por la falta de detalles proporcionados por la Casa Blanca, como, por ejemplo, quiénes podrían estar exentos del pago y cómo se implementará la medida. La proclamación entró en vigor sin que se supiera cómo realizar el pago o qué se considera una “nueva petición”.
El Congreso de Estados Unidos ha establecido un límite anual de 65.000 visas H-1B, con 20.000 adicionales reservadas para aquellos con títulos de maestría o superiores obtenidos en el país. A pesar de la ambigüedad, recientemente se filtró información, citada por la agencia Bloomberg, de que la Casa Blanca estaría considerando eximir a los médicos del pago de la nueva tarifa. Esto podría indicar que la administración está evaluando el impacto de la medida en sectores críticos.
