11 de diciembre de 2025 – Washington – EFE.
Kilmar Ábrego García, un migrante de El Salvador, fue puesto en libertad de un centro de detención migratoria en Pensilvania por una orden judicial, según confirmó su abogado a EFE. Su liberación tuvo lugar luego de que la jueza federal Paula Xinis, del estado de Maryland, dictaminara su “inmediata” excarcelación del centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al considerar que su detención carecía de “autoridad legal”.
Ábrego, quien residía en Maryland, fue deportado a El Salvador en marzo y encarcelado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad construida por el Gobierno de Nayib Bukele, a pesar de que previamente un juez en Estados Unidos había prohibido su expulsión. Posteriormente, tras un proceso legal extenso contra la Administración de Donald Trump, que lo acusaba de ser un pandillero y de participar en el tráfico de personas, Ábrego fue traído de vuelta a Estados Unidos en junio para enfrentar cargos federales.
Hasta este momento, Ábrego García había permanecido recluido en el centro de procesamiento Moshannon Valley, ubicado en Pensilvania. El Gobierno estadounidense estaba intentando deportarlo a un país africano, ya que legalmente no podía retornarlo a El Salvador. La magistrada Xinis determinó que el migrante había estado detenido por el ICE con el objetivo de ejecutar su expulsión a un tercer país sin que existiera una orden de deportación legal válida que lo sustentara.
La jueza añadió que la actuación del Gobierno de Estados Unidos en los meses recientes contradecía el argumento de que su detención tenía como fin primordial llevar a cabo una expulsión, lo cual, según ella, reforzaba la idea de que Ábrego García no debía seguir bajo custodia. A pesar de haber sido liberado del ICE, el salvadoreño continúa bajo libertad provisional, la cual fue impuesta por un juez en Tennessee, mientras espera la celebración de su juicio por tráfico de personas.
La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, anunció que el Gobierno de Trump tiene la intención de apelar la decisión emitida por la jueza Xinis. La portavoz declaró que la Administración y la Casa Blanca se oponen a lo que consideran un “activismo” por parte de la jueza, describiéndola como una “activista judicial”, un fenómeno que, lamentablemente, según sus palabras, se ha observado en múltiples casos a nivel nacional.
Ábrego, de 30 años de edad, es un ciudadano salvadoreño con residencia en Maryland, que ingresó a Estados Unidos de manera irregular siendo adolescente y que tiene esposa e hijos que son ciudadanos estadounidenses. En 2019, un juez de inmigración dictaminó que no podía ser deportado a su país natal debido al grave peligro que enfrentaría por una pandilla. No obstante, la Administración Trump procedió con su deportación, la cual luego tuvo que ser revertida por orden de un tribunal, convirtiendo su caso en un símbolo utilizado por las organizaciones en defensa de los migrantes para criticar las políticas antimigratorias de Trump.
