24 de abril de 2026 – Washington – EFE.
El Gobierno de Estados Unidos, bajo la actual administración de Donald Trump, ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia legal para retirar la ciudadanía a más de 350 individuos que se naturalizaron en el país. Esta medida forma parte de una campaña intensiva del Departamento de Justicia que busca identificar y sancionar presuntos fraudes cometidos durante el proceso de obtención de la nacionalidad estadounidense. La iniciativa ha generado una fuerte reacción entre las comunidades de inmigrantes y defensores de derechos civiles por su alcance y rapidez.
Según reportes recientes de medios internacionales, las autoridades federales han ordenado a fiscales en 39 oficinas regionales que den prioridad a estos casos de desnaturalización. El objetivo central es procesar a personas que supuestamente ocultaron antecedentes penales graves o mintieron sobre su identidad real al momento de jurar lealtad a la bandera. Entre los señalados se encuentran exmilitares, empresarios vinculados a fraudes fiscales y personas que habrían falsificado su origen nacional para obtener beneficios migratorios específicos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración, conocido como USCIS, ha reasignado personal experto para colaborar estrechamente con la oficina de litigios del Departamento de Justicia. Las guías internas revelan una meta estadística de identificar entre 100 y 200 casos mensuales de desnaturalización para este año fiscal 2026. Esta cifra representa un aumento drástico en comparación con administraciones anteriores, donde este tipo de procesos legales eran sumamente aislados y se reservaban para casos de crímenes de guerra o terrorismo.
Defensores de los derechos de los inmigrantes sostienen que esta ofensiva legal pretende crear un clima de inseguridad entre los más de 26 millones de ciudadanos naturalizados en Estados Unidos. Argumentan que, si bien la ley permite revocar la ciudadanía por fraude material, el enfoque actual podría castigar errores administrativos menores cometidos hace décadas. Existe el temor de que esta política se convierta en una herramienta para perseguir a individuos por sus creencias políticas o su origen étnico bajo el pretexto de irregularidades procesales.
Por su parte, los portavoces gubernamentales defienden las medidas asegurando que se trata de una defensa necesaria de la integridad del sistema migratorio nacional. Afirman que la ciudadanía es un privilegio que requiere honestidad absoluta y que mantenerla en manos de quienes cometieron fraude es una injusticia para quienes siguen el camino legal. La administración subraya que solo se procederá en aquellos expedientes donde exista evidencia contundente de falsedad intencional durante el trámite de naturalización.
El proceso legal para quitar la ciudadanía estadounidense es complejo y debe realizarse ante un tribunal federal, donde la carga de la prueba recae totalmente en el gobierno. A pesar de los obstáculos judiciales y los precedentes de la Corte Suprema que protegen a los ciudadanos naturalizados, la aceleración de estas demandas marca una nueva fase en la política de control migratorio. Mientras los casos avanzan en las cortes, el debate sobre la estabilidad de la nacionalidad adquirida vuelve a ser un tema central en la agenda pública de Estados Unidos.
