12 de febrero de 2026 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.
Un hombre de Tuscaloosa ha presentado una demanda federal contra la Oficina del Alguacil del Condado de Tuscaloosa y varios de sus agentes, alegando que una parada de tráfico rutinaria en 2023 escaló innecesariamente hasta convertirse en un encuentro violento que violó sus derechos civiles.
La demanda, presentada a principios de esta semana en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de Alabama, identifica al demandante como Anthony Johnson. Según el documento judicial, el incidente ocurrió la noche del 14 de mayo de 2023, cuando Johnson fue detenido por lo que inicialmente se describió como una luz trasera defectuosa.
Johnson afirma que, a pesar de cooperar con las peticiones de los agentes, fue sacado por la fuerza de su vehículo, arrojado al suelo y sometido a fuerza excesiva, incluyendo el uso de una pistola táser mientras ya estaba esposado.
“Fue una experiencia aterradora que nunca debería haber ocurrido”, declaró Johnson en un comunicado a través de sus abogados. “Simplemente estaba tratando de llegar a casa con mi familia, y terminé en el hospital con lesiones que todavía me afectan hoy”.
La demanda nombra a tres agentes específicos y busca daños compensatorios y punitivos por cargos que incluyen:
Uso de fuerza excesiva.
Asalto y agresión.
Detención ilegal.
Violación de los derechos de la Cuarta Enmienda.
Los registros médicos incluidos en la demanda indican que Johnson sufrió una conmoción cerebral, laceraciones en la cara y daños permanentes en los nervios de sus muñecas debido a las esposas excesivamente apretadas.
La Oficina del Alguacil del Condado de Tuscaloosa emitió una breve respuesta el jueves por la mañana, declarando que no comentan sobre litigios pendientes. Sin embargo, en el momento del incidente en 2023, el departamento sostuvo que Johnson se había resistido al arresto y que los agentes actuaron de acuerdo con el protocolo departamental.
Los abogados de Johnson afirman que las imágenes de la cámara corporal de los agentes involucrados contradicen la versión oficial de los hechos. Han solicitado que dichas grabaciones se hagan públicas como parte del proceso de descubrimiento de la demanda.
“Este caso trata sobre la rendición de cuentas”, dijo la abogada de derechos civiles Sarah Thompson, quien representa a Johnson. “Cuando aquellos juramentados para proteger a la comunidad abusan de su poder, el sistema legal debe intervenir para garantizar que se haga justicia”.
Aún no se ha fijado una fecha para la audiencia inicial.
