1 de abril de 2025 – Washington – EFE.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EE. UU. reconoció que, debido a un error, expulsó a un ciudadano salvadoreño, Kilmer Armando Abrego-García, enviándolo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, en el marco de una deportación sumaria que también afecta a más de 200 venezolanos. Esta deportación ha generado controversia, pues fue realizada sin un proceso judicial adecuado.
La defensa de Abrego-García presentó una demanda contra varios funcionarios del Gobierno, incluyendo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al senador Marco Rubio. En su respuesta, el Gobierno argumentó que, como Abrego-García ya no estaba bajo custodia estadounidense, no era posible emitir una orden para su regreso a EE. UU.
Según los abogados de Abrego-García, el ciudadano salvadoreño fue inicialmente acusado en 2019 por un informante de ser miembro de la pandilla MS-13. Aunque se había decidido su deportación, un juez detuvo la medida al concederle asilo, lo que suspendió la orden de expulsión. Sin embargo, ICE detuvo a Abrego-García el 12 de marzo y lo trasladó a un centro de detención en Texas.
El 15 de marzo, Abrego-García fue uno de los más de 200 venezolanos y salvadoreños deportados en tres vuelos que los trasladaron a El Salvador, donde fueron confinados en el Cecot. En respuesta a una solicitud judicial, un funcionario de ICE admitió que la expulsión de Abrego-García fue un “error”, pero insistió en que las autoridades actuaron de buena fe basándose en la existencia de una orden final de deportación.
El funcionario explicó que la expulsión se realizó de acuerdo con la orden de deportación final y la presunta pertenencia de Abrego-García a la MS-13. La defensa, sin embargo, argumentó que el Gobierno no ha presentado pruebas que demuestren que Abrego-García es parte de la pandilla, mientras que ICE alegó que se le brindó la oportunidad de demostrar lo contrario.
En el contexto de este operativo, que ocurrió el 15 de marzo, la mayoría de las deportaciones fueron realizadas bajo la ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que permite deportaciones sumarias. El presidente Donald Trump utilizó esta ley para justificar las expulsiones, citando la presencia de la banda Tren de Aragua en EE. UU.
Un juez federal bloqueó la aplicación de esta ley, y la Corte de Apelaciones ratificó dicho bloqueo. Sin embargo, el Gobierno llevó el caso ante el Tribunal Supremo, pidiendo que se desestimara la decisión judicial. En un nuevo desarrollo, el Gobierno anunció el envío de otras 17 personas, acusadas de pertenecer a las bandas MS-13 y Tren de Aragua, al Cecot en El Salvador.
