4 de febrero de 2026 – Roma – EFE.
Las autoridades en Italia han logrado desmantelar una organización criminal que operaba en la región sur del país empleando tecnología de vanguardia para defraudar al Estado. Según los informes oficiales, este grupo utilizaba herramientas de inteligencia artificial con el propósito de fabricar identidades inexistentes y así solicitar beneficios económicos destinados a sectores desfavorecidos. La operación representa un hito en la lucha contra los delitos tecnológicos que afectan el presupuesto público y la asistencia social nacional.
El esquema de estafa, identificado por los investigadores como Fake Family, logró sustraer una suma millonaria mediante la manipulación del sistema de subsidios familiares. Los implicados gestionaron de manera ilícita una asignación mensual que el gobierno otorga a hogares en situaciones críticas. A través de este mecanismo, la red desvió fondos que estaban originalmente destinados a proteger a ciudadanos reales en condiciones de vulnerabilidad, afectando la eficiencia de la seguridad social.
Las indagaciones realizadas en la provincia de Foggia permitieron la captura de cuatro individuos responsables de inventar perfiles de mujeres extranjeras. En estas cuentas ficticias se aseguraba que cada supuesta madre tenía una familia numerosa a su cargo para maximizar el cobro de las ayudas. Las autoridades confirmaron, tras realizar cruces de datos internacionales y verificaciones policiales, que ninguna de las personas registradas en las solicitudes existía en la realidad.
El uso de rostros y datos personales generados digitalmente fue una de las características más sorprendentes de este caso, demostrando el alcance de la inteligencia artificial en actividades delictivas. Para que el engaño fuera efectivo, los delincuentes contaron con la colaboración de personal interno en oficinas de registro civil y centros de asesoría fiscal. Estos cómplices facilitaron la emisión de documentación oficial y permisos de residencia falsos que daban una apariencia de legalidad a los trámites.
Para completar el fraude, la organización también falsificó contratos de trabajo en el sector agrícola y habilitó diversos métodos de pago electrónico para retirar el dinero obtenido. Ante estas evidencias, la justicia italiana ha ordenado el bloqueo y embargo de los activos financieros y propiedades de los involucrados. El proceso legal continúa bajo cargos de estafa agravada contra el Estado y la creación de documentos públicos con información falsa.
Finalmente, los portavoces de la fuerza de seguridad destacaron que este tipo de acciones fraudulentas no solo representan un robo al erario, sino que dañan profundamente la confianza en las instituciones. Al desviar recursos esenciales, se perjudica directamente a las familias que dependen de estas ayudas para su sustento diario. El caso subraya la necesidad de implementar controles más rigurosos y actualizados frente a las nuevas capacidades de manipulación digital.
