20 de marzo de 2026 – La Paz – EFE.
Un tribunal de justicia en Bolivia determinó este viernes que Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del exmandatario Luis Arce, deberá cumplir 140 días de prisión preventiva. Esta medida se enmarca en una compleja investigación por legitimación de ganancias ilícitas que también involucra al expresidente y a sus otros descendientes. La resolución judicial establece que el procesado sea trasladado al centro penitenciario de Palmasola, ubicado en la ciudad de Santa Cruz, mientras continúan las diligencias pertinentes del caso.
El abogado defensor, Wálter Suárez, confirmó que la detención se fundamenta en supuestos indicios que vinculan a su cliente con movimientos financieros irregulares. No obstante, la defensa legal calificó la decisión como desproporcionada, argumentando que la fiscalía no ha logrado demostrar de manera fehaciente la existencia de transacciones millonarias. Debido a estas discrepancias en el proceso, el equipo jurídico de Arce Mosqueira ya ha presentado un recurso de apelación para intentar revertir el encarcelamiento preventivo.
Por su parte, el fiscal Néstor Tórrez señaló que la red de investigación abarca al núcleo familiar del expresidente durante su periodo en la función pública. Las autoridades sospechan que se utilizaron recursos económicos de procedencia dudosa para adquirir propiedades de alto valor en las regiones de La Paz y Santa Cruz. El Ministerio Público dispondrá de un plazo de seis meses para realizar auditorías financieras y jurídicas exhaustivas que permitan esclarecer el origen de los fondos detectados en el sistema bancario.
Este caso judicial cobró fuerza tras la captura del sospechoso a mitad de semana, en un contexto donde el paradero de sus hermanos, Rafael y Camila, sigue siendo incierto. Es importante recordar que el propio Luis Arce permanece bajo custodia desde finales de 2025, enfrentando cargos por corrupción relacionados con su gestión como ministro de economía en años anteriores. La situación actual complica el panorama legal para toda la familia, que ahora enfrenta múltiples frentes investigativos por delitos financieros.
En el marco de estas acciones, el Ministerio de Gobierno reveló que Marcelo Arce presuntamente usurpaba funciones como empleado de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Paralelamente, la actual administración de YPFB, encabezada por Yussef Akly, presentó una denuncia formal por un desfalco estimado en mil millones de bolivianos. Según la denuncia, el hijo del exmandatario formaba parte de una estructura criminal que manipulaba contratos internos para beneficio personal y familiar.
Las irregularidades detectadas por las auditorías de la empresa estatal se centran específicamente en dos contratos destinados a la adquisición de aceite de soya para biodiésel. Se reportó la entrega de anticipos millonarios que nunca retornaron a las arcas del Estado ni se tradujeron en servicios para la compañía. Tras el arresto, las autoridades confirmaron el hallazgo de importantes sumas de dinero y documentos oficiales de la petrolera en posesión del investigado, lo que refuerza las acusaciones de corrupción y desvío de fondos públicos.
