8 de abril de 2025 – Washington – EFE.
El juez Trevor McFadden emitió una orden el martes exigiendo a la Administración de Donald Trump que levante el bloqueo impuesto a la agencia Associated Press (AP), el cual le impedía el acceso al Despacho Oval, al avión presidencial Air Force One y a otros espacios restringidos del Gobierno. Esta decisión obliga a la Administración a permitir la presencia de la agencia en eventos a los que pueden asistir otros periodistas acreditados en la Casa Blanca, y la medida estará en vigor hasta nuevo aviso.
El veto de la Casa Blanca hacia AP, que ocurrió el 14 de febrero, fue una reacción por la negativa de la agencia a referirse al golfo de México como “golfo de América”, un nombre propuesto por Trump. En lugar de aceptar el término sugerido por la Presidencia, AP decidió mantener el uso de “golfo de México” en su guía de estilo, aunque mencionando también el nuevo nombre que Trump había establecido.
Ante esta situación, la agencia AP presentó una demanda el 21 de febrero contra tres miembros de la Administración de Trump. La demanda, de 18 páginas, fue presentada ante un tribunal federal en Washington DC, con el objetivo de defender su derecho a la independencia editorial y evitar presiones del Gobierno para que los periodistas usaran un lenguaje aprobado por este.
AP argumentó que la libertad de expresión está garantizada por la Constitución, y que el Gobierno no tiene derecho a castigar a la prensa por elegir sus propias palabras. “La Constitución no permite al Gobierno controlar la libertad de expresión”, señaló la agencia en su denuncia, subrayando que los periodistas deben ser libres de informar sin la interferencia del poder Ejecutivo.
Por su parte, la Administración Trump defendió su postura diciendo que AP simplemente se negaba a aceptar la nueva denominación del golfo. Trump insistió que tenía el derecho de cambiar el nombre, y señaló que el golfo ya no debería ser llamado “golfo de México”. El 18 de febrero, el presidente reiteró esta posición en declaraciones públicas.
Finalmente, el juez McFadden aclaró que su orden no implica que el Gobierno deba otorgar acceso permanente a AP al Despacho Oval o a otros eventos mediáticos exclusivos, ni le concede un trato especial. Sin embargo, dejó claro que la agencia no debe recibir un trato inferior al de otros medios de comunicación. La exclusión de AP, según McFadden, violaba la Primera Enmienda de la Constitución, y el Gobierno no puede continuar con esta práctica.
