6 de junio de 2025 – Washington – EFE.
Kilmar Ábrego García, un salvadoreño con estatus legal en EE.UU., fue deportado ilegalmente a El Salvador por el gobierno estadounidense. A su regreso este jueves, fue acusado de transportar migrantes indocumentados, lo que marca un nuevo giro en un caso que ha generado una fuerte disputa entre el poder judicial y la administración del expresidente Donald Trump. Expertos lo consideran un ejemplo de crisis constitucional, ya que su deportación ignoró órdenes judiciales que prohibían su expulsión del país.
A pesar de que la Corte Suprema y un tribunal de primera instancia dictaron que su deportación fue ilegal, las autoridades estadounidenses se negaron a facilitar su retorno. Finalmente, y tras una orden de arresto presentada por Washington al gobierno de Nayib Bukele, Ábrego regresó a EE.UU., donde enfrenta cargos por transportar indocumentados desde Texas hacia Maryland y otros estados, supuestamente desde 2017 hasta 2025.
Los cargos están basados en un encuentro con la policía en Tennessee en 2022, cuando Ábrego fue detenido con ocho personas en su vehículo. Aunque no fue arrestado en ese momento, las autoridades comenzaron una investigación que derivó en acusaciones por conspiración y transporte ilegal de migrantes. La fiscal Pam Bondi dijo que, tras cumplir su condena, Ábrego sería deportado nuevamente.
Según la acusación, Ábrego operaba junto a otros cinco individuos una red de tráfico de personas, presuntamente ligada a la pandilla MS-13. La red recogía migrantes centroamericanos y ecuatorianos en Houston y los transportaba a distintas ciudades de EE.UU. Se estima que Ábrego estuvo involucrado en cerca de 100 traslados de este tipo en un periodo de casi diez años.
Los abogados del acusado calificaron los cargos como injustificados y aseguraron que se trata de un abuso de poder por parte del gobierno de Trump. Criticaron también la falta de notificación previa sobre el retorno de Ábrego desde El Salvador y adelantaron que esperan que este testifique sobre las condiciones en las cárceles salvadoreñas, en especial en el CECOT, donde estuvo detenido tras su deportación.
Ábrego vivía en Maryland desde hacía más de diez años y había huido de El Salvador por amenazas de la pandilla Barrio 18. Su caso ganó notoriedad entre defensores de derechos humanos y críticos del gobierno de Trump, al convertirse en símbolo de los excesos cometidos durante su política de deportaciones. Como parte de un acuerdo poco transparente entre EE.UU. y El Salvador, más de 200 migrantes fueron enviados al CECOT, a cambio de una compensación anual de seis millones de dólares para sostener el sistema penitenciario salvadoreño.
