3 de noviembre de 2025 – Buenos Aires – EFE.
El Gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei en Argentina se prepara para iniciar la discusión de una reforma laboral integral, una medida que ya ha provocado un rechazo considerable por parte de los sindicatos. Esta iniciativa se presenta en un momento delicado para el país, caracterizado por altos niveles de informalidad y la pérdida constante de puestos de trabajo, tanto en el sector privado como en las dependencias estatales.
Milei, quien asumió la presidencia a finales de 2023, tiene previsto enviar al Congreso un proyecto de “modernización” de la legislación laboral para su análisis y debate después del 10 de diciembre, fecha en la que se renueva la composición de ambas cámaras parlamentarias tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Aunque el texto final aún no ha sido divulgado, fuentes gubernamentales indicaron a EFE que el objetivo central es “eliminar las rigideces que frenan la creación de empleo, simplificando procesos y modernizando normas” con el fin de “facilitar la contratación y la formalización” de los trabajadores.
Entre las principales modificaciones que se contemplan, se busca que los acuerdos colectivos de trabajo a nivel de empresa prevalezcan sobre los convenios por sector de actividad. El Gobierno sostiene que este cambio permitirá adaptar las cláusulas contractuales a la realidad operativa y económica de cada compañía. Además, el Ejecutivo de Milei tiene la intención de que las negociaciones salariales paritarias consideren las diferencias entre las distintas regiones del país y la “sostenibilidad económica” específica de las empresas. El Gobierno considera que el actual modelo de ajuste salarial basado en la elevada tasa de inflación argentina es un sistema “agotado” que debe ser sustituido por uno que privilegie el “mérito” y la “productividad” de los empleados.
La propuesta de reforma también incluye la promoción de la libertad contractual para que el pago de salarios pueda pactarse en cualquier moneda, así como la implementación de ‘bancos de horas’. Este último mecanismo permitiría que las horas extra acumuladas por el trabajador sean compensadas con días libres en lugar de ser pagadas en efectivo, modificando las prácticas de compensación actuales.
Las principales centrales sindicales de Argentina, históricamente vinculadas al peronismo y ahora principal fuerza de oposición, han manifestado su rotundo rechazo a cualquier reforma que consideren un retroceso en los derechos adquiridos de los trabajadores. Si bien los líderes sindicales reconocen la necesidad de actualizar ciertos acuerdos colectivos para incorporar temas como el teletrabajo y los empleos ligados a las nuevas tecnologías, se oponen a cambios que busquen reducir la influencia de los sindicatos o que dejen al trabajador en una situación de vulnerabilidad frente a la empresa al momento de negociar condiciones laborales y salarios.
Dirigentes gremiales han expresado su preocupación, señalando que la reforma en su concepción actual solo buscará “precarizar al trabajador” y tiene como fin último la “eliminación de los sindicatos”. Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, advirtió a EFE que el Gobierno no presenta un proyecto productivo claro para el país, un elemento “esencial” para robustecer la producción nacional y la creación de empleo. Moreno afirmó que “una reforma laboral que no esté atada a un plan productivo no creará fuentes de trabajo” y criticó que la política económica de Milei ya ha provocado despidos masivos en el Estado y el cierre de comercios e industrias, lo que aumenta la desocupación.
Analistas económicos también han expresado su inquietud. Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina, destacó como aspectos “preocupantes” el ‘banco de horas’, por la “disposición laboral constante” que podría imponer al empleado, y la propuesta de ‘salarios dinámicos’, que forzaría negociaciones salariales individuales entre la empresa y cada trabajador. Letcher advirtió que estos mecanismos podrían “profundizar las desigualdades y las arbitrariedades en la relación laboral y quita poder a los gremios”. Las cifras del CEPA indican que, entre el inicio de la gestión de Milei y el pasado mes de julio, cerraron 18.032 empresas y se perdieron 253.728 empleos asalariados registrados en el sector privado, sumado a una pérdida de 57.621 puestos públicos nacionales hasta agosto, lo que se refleja en una tasa de informalidad del 42 % y un desempleo del 7,6 % en el segundo trimestre.
