18 de agosto de 2025 – Miami – EFE.
El estado de Misisipi anunció que enviaría 200 miembros de su Guardia Nacional a Washington D.C., uniéndose a otros tres estados con gobiernos republicanos que también han ofrecido su apoyo. La acción responde al plan del presidente Trump de aumentar la presencia militar en la capital, argumentando la necesidad de combatir la delincuencia.
El gobernador de Misisipi, Tate Reeves, defendió la decisión al afirmar que la situación delictiva en Washington se ha vuelto incontrolable. Según su declaración, se necesita una acción urgente para enfrentar este problema, y los ciudadanos estadounidenses merecen tener una capital segura de la cual sentirse orgullosos.
En un comunicado, el gobernador Reeves confirmó su aprobación para el despliegue de las tropas de la Guardia Nacional de Misisipi. El objetivo de este envío es respaldar los esfuerzos del presidente Trump por restaurar el orden público en la capital del país.
Estas nuevas fuerzas se unen a las ya anunciadas durante el fin de semana. Previamente, Virginia Occidental había ofrecido 400 soldados, Ohio 150 y Carolina del Sur 200. Los gobernadores de todos estos estados, que son republicanos, han mostrado su apoyo a la iniciativa de seguridad de Trump.
Con la adición de los 950 soldados de estos cuatro estados, el número de tropas desplegadas en Washington aumenta significativamente. La semana pasada, el presidente Trump había declarado una “Emergencia de Seguridad Pública”, lo que le permitió activar a unos 800 miembros de la Guardia Nacional.
Desde entonces, la capital, bajo la dirección de la alcaldesa demócrata Muriel Bowser, ha visto un notable aumento en la presencia de oficiales de agencias federales como el FBI, la DEA y el ICE. Estos agentes han llevado a cabo numerosos arrestos por delitos relacionados con armas y otras infracciones, además de detenciones migratorias. En respuesta a esta situación, las autoridades de Washington demandaron al gobierno de Trump, alegando una “toma hostil” de su fuerza policial y un presunto abuso de la autoridad bajo la Ley de Autonomía de 1973.
