16 de septiembre de 2025 – La Paz – EFE.
Decenas de presos en una cárcel de La Paz, Bolivia, se manifestaron este martes, con algunos subidos al tejado, para exigir el pago de las pensiones diarias que el Estado les otorga para su alimentación. Estos pagos, conocidos como “prediarios”, no han sido entregados por la gobernación regional desde hace seis meses, lo que provocó la protesta de los reclusos.
Desde el techo de la prisión de San Pedro, los reclusos mostraron una pancarta que decía “6 meses sin prediario. El hambre duele”, mientras golpeaban ollas vacías. Al mismo tiempo, otro grupo se reunió en la entrada del penal con carteles que decían “El hambre también es castigo” y “No somos invisibles. Somos seres humanos”, pidiendo también un indulto y gritando “Tenemos hambre”.
Ante el tumulto, la policía desplegó un grupo de antimotines alrededor de la cárcel. Los presos señalaron directamente al gobernador del departamento de La Paz, Santos Quispe, como el responsable de la falta de pago, ya que es la gobernación regional la encargada de cubrir el costo diario de ocho bolivianos, o poco más de un dólar, para la alimentación de cada recluso.
Un preso que no quiso dar su nombre advirtió a los medios que, si no eran escuchados por la gobernación, iniciarían una huelga de hambre al día siguiente. También señaló que la mayoría de los reclusos en la cárcel de San Pedro no tienen una sentencia definitiva. El preso se quejó de la lentitud de las revisiones de los casos, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia había ordenado verificar las detenciones preventivas.
En respuesta a la situación, el director general del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, hizo un llamado a la gobernación de La Paz para que cumpliera con el pago de los prediarios. Limpias calificó la falta de alimentación a los presos como un “delito de lesa humanidad” y aseguró que la Defensoría del Pueblo también estaría verificando la situación.
Finalmente, el texto describe que la cárcel de San Pedro, exclusiva para hombres, tiene un sistema abierto donde no hay vigilancia interna y las celdas se han convertido en viviendas. Hasta 2018, este peculiar régimen incluso permitía a los reclusos vivir allí con sus hijos menores de edad.
