25 de abril de 2025 – Nueva York – EFE.
Un juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York decidió extender una orden que impide temporalmente el regreso del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a la cárcel de Rikers Island. Esta medida bloquea un acuerdo previo entre el alcalde Eric Adams y la administración del expresidente Donald Trump, que buscaba reinstalar una oficina de ICE dentro del centro penitenciario.
La jueza Mary Rosado llevó a cabo una audiencia breve en respuesta a una demanda presentada por el Concejo municipal contra el alcalde Adams. Esta demanda busca frenar el regreso de ICE a Rikers, una instalación de la que la agencia fue retirada en 2014 como parte de las políticas adoptadas cuando Nueva York se proclamó ciudad santuario, es decir, protectora de inmigrantes.
Rosado suspendió temporalmente la orden ejecutiva que autorizaba el retorno de ICE a Rikers hasta que se realice una audiencia más detallada el próximo 29 de mayo. Esta cárcel ha sido ampliamente criticada por sus condiciones peligrosas y su historial de violencia, y es considerada una de las más problemáticas del país.
Tras conocerse la decisión judicial, líderes proinmigrantes y miembros del Concejo municipal, encabezados por su presidenta Adrienne Adams, celebraron públicamente frente a la Corte Suprema. La presidenta del Concejo calificó la resolución como una victoria para la seguridad pública y los derechos constitucionales de los residentes de Nueva York.
Adrienne Adams también acusó a la administración de Trump de querer controlar la ciudad vulnerando la Constitución y usando tácticas de deportación sin el debido proceso. Asimismo, denunció que el regreso de ICE a Rikers se habría negociado como parte de un trato para retirar acusaciones de corrupción contra el alcalde Eric Adams.
Mientras ICE operó en Rikers, se detenía a inmigrantes más allá de sus fechas de liberación con el pretexto de investigar su estatus migratorio, una práctica que terminó por llevar a muchos a enfrentar procesos de deportación. El Concejo municipal teme que su regreso perpetúe estas prácticas, afectando la seguridad y los derechos de los habitantes.
