6 de enero de 2026 – Washington – EFE.
El gobierno de Donald Trump ha informado a la mandataria interina de Venezuela que el país debe romper sus lazos diplomáticos y comerciales con naciones como China, Rusia, Irán y Cuba. Esta solicitud se presenta como una condición obligatoria antes de que la nación sudamericana pueda realizar cualquier actividad de extracción o venta de su crudo. Según fuentes oficiales, la intención de Washington es eliminar la competencia de estas potencias extranjeras en el territorio venezolano.
Las exigencias de Estados Unidos buscan establecer una relación comercial exclusiva con Venezuela para obtener beneficios directos en la adquisición de petróleo pesado. Al expulsar la influencia de otros países aliados del gobierno venezolano, la administración estadounidense pretende asegurar el control sobre el flujo energético de la región. El objetivo principal es que el mercado norteamericano sea el único destinatario y socio estratégico para la comercialización de estos recursos naturales.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha indicado en reuniones privadas con congresistas que existe una ventana de tiempo muy corta para ejercer presión sobre el gobierno de Caracas. Las autoridades de Estados Unidos consideran que el sistema financiero de Venezuela está al borde de la quiebra debido a que sus inventarios de combustible están al límite de su capacidad. Se estima que el país caribeño solo dispone de pocas semanas de solvencia si no consigue concretar la exportación de sus reservas actuales.
En declaraciones ofrecidas a medios de comunicación, el senador Roger Wicker ratificó que la estrategia de su país se fundamenta estrictamente en la gestión y control del recurso petrolero. Asimismo, el legislador aclaró que los planes actuales no consideran el uso de fuerzas militares ni el envío de soldados a territorio venezolano. La táctica se centra totalmente en mecanismos de presión económica y diplomática para forzar un cambio en la política exterior de la administración provisional.
Hasta la fecha, el equipo de Delcy Rodríguez no ha ofrecido una respuesta formal ni declaraciones públicas respecto a las condiciones impuestas por el mandatario estadounidense. El silencio administrativo desde Caracas ocurre mientras se analizan las implicaciones de estas demandas para la estabilidad interna. La situación mantiene en vilo a los sectores energéticos locales que dependen de la reactivación de las ventas internacionales para sostener la economía del país.
Por su parte, diversos gobiernos de América Latina han manifestado su rechazo ante las acciones de Washington durante una reunión de la Organización de Estados Americanos. Representantes de países como Colombia, Brasil, México y Chile señalaron que estas imposiciones representan una intromisión directa en los asuntos internos de otra nación. Para estos estados, tales medidas de presión externa vulneran los principios de autonomía y ponen en peligro la soberanía de todo el continente.
