1 de abril de 2025 – Nueva York – EFE.
Una coalición compuesta por fiscales generales de 23 estados de EE. UU. y del Distrito de Columbia ha demandado al Gobierno de Donald Trump por recortar de manera “abrupta e ilegal” 11.000 millones de dólares destinados a los fondos de salud pública. La demanda fue presentada ante la corte federal del distrito de Rhode Island.
Según la denuncia, el 24 de marzo, el Departamento de Salud y Recursos Humanos, bajo la dirección de Robert F. Kennedy Jr., notificó a los departamentos de salud locales y estatales sobre el recorte de los fondos sin avisar previamente sobre la medida. Este recorte se hace en el contexto de los esfuerzos de la Administración Trump por reducir los gastos gubernamentales.
Los fondos afectados por el recorte se asignaban originalmente a una variedad de necesidades urgentes de salud pública, tales como la identificación, seguimiento y tratamiento de enfermedades infecciosas, el acceso a las vacunas, la prevención del suicidio, la atención en salud mental y la modernización de la infraestructura, según un comunicado conjunto de los fiscales.
La coalición de fiscales advierte que si no se restablece la financiación, se verían obligados a disolver importantes programas de salud pública en todo el país. Esto provocaría la pérdida de miles de empleos y tendría consecuencias “devastadoras” para las comunidades de diversas regiones del país.
A través de esta demanda, los fiscales buscan que el tribunal emita una orden de restricción temporal que garantice la restauración inmediata de los fondos de salud pública, argumentando que las jurisdicciones locales sufrirían un daño irreparable sin esa acción.
En Nueva York, más de 400 millones de dólares ya han sido cancelados, incluyendo más de 300 millones destinados a programas clave como el Departamento de Salud del estado, la Oficina de Salud Mental y la Oficina de Apoyo a las Adicciones, según la fiscal general Letitia James.
James también condenó la decisión, calificándola como “ilegal e irresponsable”, y señaló que el recorte de estos fondos vitales representa un ataque directo al bienestar de millones de estadounidenses. La fiscal expresó su preocupación por las repercusiones que tendrá esta medida.
El 27 de marzo, el Departamento de Salud anunció que despedirá a 10.000 empleados, una cifra que se suma a otros 10.000 que ya habían dejado su trabajo de manera voluntaria desde que Trump asumió su segundo mandato en enero. Con estas nuevas destituciones, se prevé que el departamento reduzca su personal a 62.000 empleados.
