12 de agosto de 2025 – Miami (EE.UU.) – EFE.
A pesar de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó suspender la polémica ley SB 4-C, el Gobierno de Florida continúa arrestando a migrantes bajo sus disposiciones. Esta ley, una de las más severas del país, criminaliza la presencia de personas indocumentadas a nivel estatal. La situación quedó expuesta en documentos judiciales recientes.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, reconoció en un informe ante la Corte del Distrito Sur del estado que, en el mes de julio, dos migrantes, Juan Vásquez Salas de Guatemala y José Bersay Díaz Salas de México, fueron arrestados bajo la ley SB 4-C.
Díaz Salas fue detenido el 3 de julio en el condado de Sarasota tras un accidente automovilístico, mientras que Vásquez Salas fue arrestado el 28 de julio después de un incidente de tráfico. Estos arrestos se llevaron a cabo a pesar de que el 9 de julio, el Tribunal Supremo había mantenido una orden de suspensión temporal de la ley.
Debido a la desobediencia de esta orden, la jueza Kathleen M. Williams declaró al fiscal de Florida en desacato. Además, le exigió que presentara informes periódicos detallando el número de personas arrestadas bajo la SB 4-C, una legislación impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis.
La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF), junto con otras personas afectadas, presentaron una demanda contra la ley poco después de su aprobación en febrero, argumentando que la política migratoria es una competencia exclusiva del Gobierno federal.
Estas organizaciones acusaron al Gobierno de Florida de usar la SB 4-C para detener a migrantes en un nuevo centro de detención, llamado ‘Alligator Alcatraz’. Los demandantes han solicitado a la Corte del Distrito Sur de Florida que obligue al estado a aclarar bajo qué autoridad legal opera este centro.
