30 de septiembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.
El estado de Veracruz, debido a su estratégica posición geográfica en el oriente del país con una extensa costa en el golfo de México, ha sido identificado como un “territorio de alto riesgo” y crucial para las operaciones de la delincuencia organizada en lo que respecta a la trata y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Esta preocupante evaluación fue presentada este martes por una red enfocada en los derechos de la infancia.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que agrupa a 75 organizaciones dedicadas a la protección de menores vulnerables, en colaboración con el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos (CAM) y con apoyo de la Unión Europea, presentó un análisis contextualizado bajo el título ‘Infancia cuenta en Veracruz’. Este estudio tiene como objetivo principal documentar la verdadera magnitud, las dinámicas y los riesgos específicos de la trata y el reclutamiento de la niñez y adolescencia en el estado.
La investigación detalla que la ubicación de Veracruz lo establece como un “corredor clave” empleado para el tráfico ilícito de drogas, armas y personas. Esta ventaja geográfica ha desencadenado una intensa disputa territorial entre al menos quince grupos criminales que operan en la zona. Municipios como Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos y Poza Rica han sido señalados específicamente como epicentros de violencia y reclutamiento forzado de adolescentes.
El informe reveló datos oficiales que confirman que, en el periodo comprendido entre 2015 y 2025, se han registrado veintidós casos de menores de edad que fueron víctimas de utilización directa por parte de agrupaciones delictivas en Veracruz. Asimismo, el documento identificó a treinta y dos víctimas de trata de personas menores de dieciocho años que fueron forzadas a participar en actividades diversas como explotación sexual, trabajo forzado, vigilancia, transporte de drogas, sicariato y mendicidad coercitiva.
A pesar de estas cifras, la Redim advirtió que los números oficiales “son apenas un reflejo de una problemática mucho mayor” y más extendida. Señalaron que la ausencia de registros oficiales específicos y detallados sobre el reclutamiento limita seriamente las capacidades tanto de prevención como de atención a las víctimas. El texto puntualizó que, mientras que los adolescentes varones son a menudo obligados a participar en delitos graves, las niñas se enfrentan a un riesgo significativamente mayor de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual.
El estudio también concluye que la vulnerabilidad de los niños y adolescentes veracruzanos se ve exacerbada por factores estructurales y sociales, incluyendo la pobreza crónica, la desigualdad social, la violencia en el seno familiar, la escasez de oportunidades educativas y una notable negligencia institucional. A esta compleja situación se añade la influencia nociva de la ‘narco-cultura’, la cual tiende a idealizar la criminalidad y promueve la construcción de masculinidades violentas. Ante este panorama, el informe destaca las “graves deficiencias” en la respuesta institucional, como la burocracia excesiva y la tendencia a criminalizar a las víctimas, e insta a las autoridades federales y estatales a establecer un protocolo especializado para la detección y atención, a capacitar al personal para evitar la revictimización, y a crear un programa estatal específico que garantice la protección y la participación de los menores en el diseño de políticas públicas que los afecten.
