3 de octubre de 2025 – Washington – EFE.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió un fallo este viernes que respalda a la Administración de Donald Trump, permitiéndole reanudar la revocación del Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS. Esta decisión legal coloca a aproximadamente 300,000 migrantes venezolanos en un riesgo inmediato de ser detenidos y deportados.
La votación del tribunal fue de seis magistrados a favor y tres en contra, lo que se tradujo en un respaldo al Departamento de Seguridad Nacional. Este fallo revierte una decisión previa de un tribunal de distrito en California que había impedido al Gobierno de Trump suspender el TPS para un grupo más amplio, estimado en unos 600,000 inmigrantes.
Como resultado directo de esta sentencia, unos 350,000 venezolanos enfrentan la amenaza inminente de detención y deportación. Adicionalmente, se espera que el amparo expire para otros 250,000 venezolanos el 7 de noviembre, dejándolos también desprotegidos. Sin embargo, en un principio, este dictamen podría no impactar a los beneficiarios haitianos del TPS.
La opinión mayoritaria del tribunal señaló que, a pesar de los cambios en el caso, “los argumentos legales de las partes y los daños relativos no lo han hecho”. Con esto, la mayoría reafirmó que el resultado apropiado era el mismo que se había acordado en mayo, cuando se dio la razón al Gobierno de Trump en el mismo caso por la vía de emergencia. Las juezas de tendencia progresista Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson manifestaron su desacuerdo con la decisión.
En su opinión disidente, la jueza Jackson expresó su oposición a lo que consideró una “interferencia repetitiva, gratuita y dañina en los casos que siguen pendientes en tribunales inferiores mientras hay vidas en la balanza”. La acción del Supremo se dio después de que, a fines de septiembre, el Gobierno solicitara que se le permitiera retirar las protecciones contra la deportación, que un juez federal había ordenado extender previamente.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) y parte de la defensa demandante, criticó duramente la decisión, calificándola como la “señal más extrema” de que la Corte Suprema ha abandonado los principios legales a favor de la política. Por su parte, Jéssica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que representa a los venezolanos, aseguró que no guardarán “silencio ante tal injusticia” e hizo un llamado a los afectados y al público a participar en la Semana de Acción para Proteger a las Familias del TPS, que se llevará a cabo del 6 al 10 de octubre.
