7 de agosto de 2025 – Ciudad de México – EFE.
Diversas organizaciones ecologistas han denunciado que una serie de iniciativas legislativas y acciones promovidas por el Gobierno mexicano están diseñadas para beneficiar a la industria plástica. Estas medidas se presentan bajo el pretexto de fomentar una “economía circular”, pero, según las agrupaciones, su verdadero propósito es asegurar la continuidad en la producción de plásticos de un solo uso en el país.
Las agrupaciones señalaron que estas acciones gubernamentales contravienen una sentencia judicial crucial. Dicha sentencia, emitida en agosto de 2024 por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ordenó explícitamente al Congreso prohibir la producción, distribución y consumo de plásticos de un solo uso, reconociendo el grave daño que estos causan al medio ambiente y a la salud pública.
Entre las propuestas legislativas criticadas, se encuentra la presentada por la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez. Esta iniciativa busca establecer una nueva Ley General de Economía Circular y Gestión Integral de Residuos, la cual derogaría la ley vigente y, de manera polémica, pospondría la prohibición de los plásticos de un solo uso hasta el año 2040.
Las organizaciones afirmaron que esta propuesta actúa como un “blindaje” legal que busca evadir el cumplimiento del amparo judicial, y además incentiva la producción de plásticos al clasificarlos como “residuos estratégicos”. Otras propuestas bajo escrutinio incluyen las del diputado Sergio Gutiérrez Luna y la diputada Laura Ballesteros, que excluyen al PET transparente —uno de los materiales más contaminantes— de las regulaciones, y la del senador Waldo Fernández, que prioriza el reciclaje y la “valorización energética” sin seguir la jerarquía adecuada en la gestión de residuos.
Las organizaciones también dirigieron críticas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), acusándola de promover una ley de economía circular sin la debida transparencia ni consulta pública. Adicionalmente, cuestionaron su impulso de alianzas con grandes corporaciones como parte del Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (Podecibi), que incluye un proyecto de parque industrial en el estado de Hidalgo.
Representantes de estas agrupaciones fueron contundentes. Viridiana Lázaro de Greenpeace México advirtió que estas iniciativas no son verdaderas soluciones, sino estrategias de “greenwashing” disfrazadas de economía circular, argumentando que tanto el Gobierno federal como algunos legisladores están cediendo ante los intereses de la industria plástica. Ana Larrañaga de El Poder del Consumidor identificó a grandes corporaciones como Pepsico, Danone, Nestlé, Coca-Cola y Walmart, a través del grupo Ecoce, como las principales beneficiarias, señalando a esta última como una “fachada” para mantener el modelo de producción contaminante. Larisa de Orbe de Acción Ecológica alertó que proyectos como el de Hidalgo “condenan a comunidades ya afectadas por la contaminación, como Tula, declarada región de emergencia ambiental y sanitaria”.
Finalmente, las organizaciones exigieron al Congreso y al Ejecutivo Federal acatar la orden del amparo judicial, detener las iniciativas que perpetúan la dependencia del plástico y asegurar la protección de las comunidades vulnerables. Concluyeron que México no debe seguir confiando en “falsas soluciones que ponen en riesgo la salud y el futuro del planeta”, e instaron a trazar urgentemente un camino hacia alternativas genuinas que pongan en primer lugar la justicia ambiental.
