14 de octubre de 2025 – Bogotá – EFE.
Las autoridades en Colombia han puesto en marcha una investigación en torno a un presunto complot orquestado para llevar a cabo ataques contra varias figuras públicas de alto perfil: la precandidata presidencial Paloma Valencia, la representante a la Cámara Catherine Juvinao y el contralor general de Colombia, Carlos Hernán Rodríguez. Como medida inmediata de precaución, los esquemas de seguridad asignados a estas tres personalidades han sido reforzados.
La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado este martes manifestando su profunda preocupación, señalando que “la posible existencia de un plan para atentar contra sus vidas expresa un grave riesgo para las mujeres en el ejercicio de la política, así como para un funcionario encargado de una función de control esencial en el marco del Estado de Derecho”. Paloma Valencia es precandidata a la presidencia por el partido Centro Democrático, una colectividad de oposición que ya perdió a otro precandidato, Miguel Uribe Turbay, quien falleció en agosto tras ser gravemente herido en un atentado durante su campaña en Bogotá dos meses antes.
Por otro lado, Catherine Juvinao, miembro del partido Alianza Verde, es reconocida por su postura crítica y sus fuertes cuestionamientos a la gestión del actual Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro. La Defensoría advirtió que la amenaza de atentado constituye una violación de los derechos fundamentales de estas personas, poniendo en peligro su vida, su integridad personal y su derecho al ejercicio político.
El organismo de control enfatizó que la materialización de este riesgo no solo afectaría a las víctimas, sino que también representaría un “daño muy serio a nuestra democracia”. Además, la Defensoría destacó de manera positiva que fue el propio Gobierno nacional quien logró identificar la existencia del supuesto plan y tomó acciones rápidas al implementar medidas para incrementar la protección de los afectados.
En su declaración, la Defensoría consideró “fundamental” que la Fiscalía General de la Nación avance con celeridad en la investigación para lograr el esclarecimiento total de los hechos y, en caso de confirmarse el complot, proceder a la “judicialización de los responsables”. El organismo también se ofreció a colaborar de forma armónica con las otras ramas del poder público y a brindar acompañamiento a la senadora Valencia, a la representante Juvinao y al contralor Rodríguez.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo concluyó que la protección de la democracia colombiana es una labor diaria y colectiva que se fortalece cuando se trabaja de forma unida, sumando los esfuerzos de la acción institucional, los partidos políticos de todas las ideologías y la sociedad en general. Esta preocupación se suma a una advertencia emitida la semana anterior por la misma entidad, que alertó sobre un alto nivel de riesgo en más de 600 municipios de cara a las elecciones legislativas de marzo de 2026 y la primera vuelta presidencial de mayo del mismo año. En respuesta a este panorama, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció que el Gobierno activará el Plan Democracia, desplegando a 20.000 efectivos del Ejército y la Policía para garantizar la seguridad durante las actividades políticas del proceso electoral de 2026.
