28 de noviembre de 2025 – Miami – EFE.
Una serie de nuevas restricciones migratorias, ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dirigidas especialmente a inmigrantes provenientes de “países del tercer mundo”, han generado conmoción en el país. Estas medidas han sido implementadas tras el reciente tiroteo en Washington, D.C., perpetrado por un ciudadano afgano contra dos agentes de la Guardia Nacional esta semana.
Entre las disposiciones adoptadas por el presidente Trump, se encuentran la suspensión de las peticiones de asilo, una revisión exhaustiva de las tarjetas de residencia permanente o green cards, y la reducción de ciertos beneficios fiscales. Trump ha atribuido la responsabilidad del incidente de la balacera a las políticas migratorias que fueron implementadas por su predecesor en el cargo, Joe Biden, durante su administración. En un mensaje en su red social TruthSocial, el mandatario advirtió que detendría “permanentemente” la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere completamente, y pondría fin a los millones de admisiones ilegales de la era Biden.
En respuesta, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció el viernes la paralización de “todas las decisiones de asilo” hasta que la agencia pueda asegurar la inspección y verificación del más alto nivel posible para cada extranjero, según informó su director, Joseph B. Edlow, a través de la plataforma X. Esta suspensión afecta a un gran volumen de casos, dado que, según datos del American Immigration Council (AIC) de diciembre de 2024, casi 1,5 millones de solicitantes tenían sus peticiones de asilo pendientes.
Además de las medidas sobre asilo, USCIS había comunicado previamente una “revisión rigurosa” de las green cards otorgadas a migrantes de 19 naciones consideradas de “preocupación”, incluyendo a ciudadanos de Afganistán, Cuba y Venezuela. Esta revisión se fundamenta en una orden ejecutiva firmada por Trump en junio, la cual prohíbe o restringe los viajes por motivos de “seguridad nacional” desde un grupo de países, abarcando una lista que incluye a naciones africanas, caribeñas, del Medio Oriente y asiáticas.
En el ámbito económico, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, informó este viernes que el Gobierno procederá a recortar los beneficios fiscales a los inmigrantes indocumentados. Esta decisión se basa en la afirmación del presidente de que un migrante con tarjeta de residente y un ingreso de $30,000 al año recibe anualmente unos $50,000 en beneficios para su familia. La nueva directriz impedirá que los indocumentados y “otros extranjeros que no califiquen” accedan a las porciones reembolsables de ciertos créditos fiscales importantes, como el crédito por ingreso por trabajo y el crédito adicional por hijos.
Siguiendo esta misma línea de vigilancia económica, Bessent también difundió una alerta de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Esta alerta tiene como objetivo incrementar la supervisión de las transferencias transfronterizas de dinero, incluyendo las remesas, que alcanzaron más de $72,000 millones enviados desde Estados Unidos en 2024. FinCEN exige a las empresas de envío de dinero que reporten cualquier “actividad sospechosa” relacionada con transferencias de $2,000 o más realizadas por inmigrantes indocumentados, citando como riesgos el lavado de dinero y el narcotráfico.
