17 de diciembre de 2025 – EE.UU – Agencias.
Para muchas familias latinas, el sueño americano se ha transformado en una experiencia traumática marcada por la separación forzada. Un caso representativo es el de Leonel Chávez, quien tras vivir años en Connecticut y formar una familia con tres hijos estadounidenses, fue detenido junto a su hermano mientras se dirigían a su trabajo en el sector de la construcción. Tras un arresto captado en video donde se cuestionaba la falta de una orden judicial, ambos fueron enviados de regreso a México, dejando atrás una vida de esfuerzo y a sus seres queridos en un estado de desolación absoluta.
Durante los primeros diez meses del presente año, el número de ciudadanos latinoamericanos expulsados de Estados Unidos ha alcanzado la cifra de doscientas mil personas. Este incremento responde a un cambio radical en la política migratoria, que ha pasado de centrarse en la vigilancia fronteriza a ejecutar una estrategia de expulsión masiva en el interior del país. Las intervenciones de las autoridades ya no se limitan a los límites territoriales, sino que se extienden a centros de trabajo, zonas residenciales y establecimientos comerciales, afectando incluso a quienes han residido por décadas en territorio norteamericano.
El Departamento de Seguridad Nacional ha justificado estas acciones señalando que se siguen los protocolos de fuerza mínima y que se prioriza la salida de individuos con antecedentes. No obstante, muchos de los afectados argumentan que sus faltas legales fueron errores menores cometidos en la juventud y que, desde entonces, han contribuido a la sociedad pagando impuestos y liderando pequeñas empresas. Esta discrepancia entre la visión oficial y la realidad de las comunidades ha generado un clima de miedo que paraliza a sectores enteros de la población migrante.
El impacto de esta tendencia no es solo humano, sino también económico, afectando gravemente a industrias esenciales como la agricultura y el procesamiento de alimentos. En diversas regiones, los agricultores reportan pérdidas millonarias debido a que los trabajadores, por temor a ser detenidos, han dejado de presentarse a las cosechas. Se estima que una parte significativa de la fuerza laboral en el campo carece de autorización legal, y su ausencia está provocando que productos básicos se pierdan en las plantaciones, lo que podría repercutir en el costo de vida nacional.
Las estadísticas revelan que México es el país con mayor número de ciudadanos retornados, representando más de la mitad del total de las expulsiones en la región. Le siguen naciones centroamericanas como Guatemala y Honduras, así como países sudamericanos, entre los que destaca Venezuela por su acelerado crecimiento migratorio reciente. El volumen de deportaciones actuales supera drásticamente los registros de administraciones previas, mostrando un aumento cercano al cuatrocientos setenta por ciento en comparación con periodos similares de años anteriores.
A pesar de la magnitud de estas operaciones, los objetivos gubernamentales de alcanzar el millón de salidas anuales generan una presión constante sobre el sistema, lo que intensifica las redadas en ciudades con alta presencia latina. Mientras tanto, quienes han sido enviados de vuelta a sus países de origen intentan mantener la esperanza de una futura reunificación familiar. Para ellos, la experiencia de haber construido una vida exitosa y verla desaparecer en instantes representa una prueba extrema que pone en evidencia la vulnerabilidad de millones de personas frente a los cambios en las leyes de extranjería.
