30 de diciembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.
La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum hizo un llamado público a las autoridades judiciales de Veracruz para que brinden detalles sobre la captura del comunicador Rafael León Segovia. Durante su intervención diaria ante los medios, cuestionó el uso del cargo de terrorismo, señalando que se trata de una figura jurídica inusual y sin antecedentes en situaciones que involucran a miembros de la prensa. Para la jefa del Ejecutivo, es imperativo que la entidad responsable fundamente las razones detrás de una acusación de tal magnitud.
La presidenta expresó su desacuerdo con la utilización de términos tan graves para señalar la conducta del periodista, enfatizando que este tipo de imputaciones no han sido comunes en la historia judicial del país. En su mensaje, subrayó la importancia de proteger la libertad de expresión como un valor fundamental que debe prevalecer ante cualquier circunstancia. Este posicionamiento surge en medio de un clima de constante alerta por los riesgos que enfrentan quienes ejercen el periodismo en diversas regiones.
Sheinbaum también recalcó que, si el detenido hubiese incurrido en algún acto ilegal, la autoridad estatal debe demostrarlo con claridad y separarlo estrictamente de su labor informativa. La instrucción fue directa hacia la fiscalía regional para que justifique por qué se recurrió a un delito que no se ha aplicado anteriormente en México bajo estas condiciones. Asimismo, instó a que se ofrezca transparencia total sobre los hechos que derivaron en la privación de la libertad del reportero.
El arresto de León Segovia, conocido en el ámbito profesional como Lafita León, fue ejecutado mediante un operativo conjunto entre fuerzas ministeriales y el ejército. Los cargos presentados en su contra no solo incluyen el terrorismo, sino también el encubrimiento y supuestas acciones contra las instituciones encargadas de la seguridad pública. La complejidad de estas acusaciones ha generado una gran preocupación en diversos sectores de la sociedad civil y grupos de derechos humanos.
Organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, como Artículo 19, han manifestado un rechazo contundente ante estos acontecimientos. Los activistas argumentan que utilizar el sistema judicial y penal para perseguir a los informadores crea un ambiente de miedo que frena la investigación periodística. Advierten que este tipo de tácticas son especialmente peligrosas en zonas donde la violencia es alta, pues se perciben como represalias contra el trabajo crítico.
Finalmente, los defensores de los derechos informativos consideran que estas acciones representan un abuso de poder que no debería ocurrir en un sistema democrático. La exigencia generalizada es que se garantice el debido proceso y que no se utilice la ley para intimidar a quienes reportan la realidad del país. Mientras tanto, el gobierno federal se mantiene a la espera de una respuesta oficial que aclare las irregularidades señaladas en este procedimiento legal contra el periodista veracruzano.
