7 de enero de 2026 – Washington – EFE.
Las autoridades estadounidenses confiscaron recientemente dos embarcaciones adicionales vinculadas a la exportación de crudo venezolano, destacando entre ellas un buque que navegaba bajo pabellón ruso. Al mismo tiempo, la administración de Donald Trump ha comenzado a revelar los pormenores de su estrategia para gestionar y comercializar los recursos petroleros de la nación sudamericana en este nuevo escenario político, tras la captura del anterior mandatario.
Entre las operaciones destacadas se encuentra la interceptación del petrolero Sophia por parte de la Guardia Costera en aguas del Caribe, bajo la sospecha de realizar actividades ilícitas. Simultáneamente, el Pentágono confirmó la toma del buque Marinera en el Atlántico Norte, el cual fue perseguido durante varias semanas tras intentar evadir a las autoridades mediante el cambio de su bandera, siendo ambos navíos identificados como parte de una red de transporte clandestino de hidrocarburos.
El gobierno estadounidense ha manifestado su intención de colaborar con la administración interina de Delcy Rodríguez para reactivar el sector energético. Según declaraciones oficiales, existe una disposición para procesar y vender una cantidad masiva de barriles de crudo acumulados. Aunque el plan contempla el regreso de corporaciones petroleras norteamericanas para reconstruir la infraestructura dañada, diversos especialistas mantienen reservas sobre la viabilidad inmediata de estas inversiones debido a la inestabilidad del entorno.
La gestión de las ventas de hidrocarburos venezolanos quedará bajo la supervisión de Washington por un periodo de tiempo no determinado, de acuerdo con el Departamento de Energía. El mecanismo establecido implica que los ingresos generados por estas transacciones se depositarán inicialmente en cuentas bancarias controladas por Estados Unidos, para posteriormente ser transferidos al gobierno de Venezuela, asegurando así que el flujo de capital sea supervisado externamente.
Este acuerdo energético se centra principalmente en el petróleo que se encontraba retenido debido a las sanciones y bloqueos impuestos anteriormente. El gabinete de Trump ha validado la legitimidad de la administración actual de Rodríguez para manejar estos activos, aunque ha dejado claro que la permanencia de este apoyo y la estabilidad de la relación dependen estrictamente del cumplimiento de las condiciones impuestas por la Casa Blanca.
Finalmente, el gobierno de Estados Unidos ha reafirmado su postura de continuar con la incautación de barcos que violen las normativas, sin importar si esto genera fricciones diplomáticas con potencias como Rusia o China. La administración confía en la capacidad de negociación del presidente para gestionar posibles tensiones internacionales, priorizando el cumplimiento de sus políticas comerciales y el control sobre la flota que opera fuera de los marcos legales internacionales.
