19 de marzo de 2026 – París – EFE.
El Tribunal de Apelación de París ha desestimado la solicitud del Gobierno francés para detener las actividades comerciales de Shein en el país. Esta decisión judicial surge tras el escándalo relacionado con la venta de artículos inapropiados y productos prohibidos por parte de proveedores externos en la plataforma china. Los magistrados determinaron que no existen fundamentos legales suficientes para aplicar una suspensión total, confirmando así el fallo emitido previamente en primera instancia sobre este caso de comercio electrónico.
La resolución judicial sostiene que el daño que motivó la intervención estatal durante el otoño pasado ya no está presente en la actualidad. Los jueces argumentaron en su declaración que no se puede probar la existencia de un riesgo futuro real que justifique una medida tan drástica como el cierre del sitio web. Esta postura contradice los intentos del Ejecutivo por sancionar a la gigante del sector retail tras la detección de catálogos que infringían las normativas de seguridad y ética vigentes en el territorio europeo.
Una de las claves para este fallo a favor de la empresa fue su capacidad de respuesta inmediata ante las advertencias de las autoridades. Shein procedió a retirar de forma acelerada los artículos cuestionados e implementó nuevos protocolos de supervisión para filtrar los productos de vendedores asociados. La adopción de estos controles internos demostró ante el tribunal un compromiso por regular su mercado digital, lo que debilitó la postura del Ministerio de Economía en su demanda por infracciones comerciales.
Pese a no lograr el cierre de la plataforma, el Gobierno francés destacó que el tribunal impuso obligaciones estrictas de verificación de edad para cualquier contenido o producto de naturaleza pornográfica. El incumplimiento de estas normativas de protección al menor podría acarrear sanciones económicas de diez mil euros por cada falta detectada. Las autoridades aseguraron que mantendrán una vigilancia permanente para garantizar que la empresa asiática respete los estándares de seguridad impuestos por la justicia francesa.
El conflicto escaló originalmente tras la identificación de juguetes con apariencia infantil altamente polémicos, así como la oferta de medicamentos y armas ilegales en la plataforma. Ante la presión oficial, la compañía suspendió temporalmente la actividad de sus comerciantes externos para realizar una auditoría de inventario. Aunque el Estado buscaba inicialmente una clausura de tres meses, la justicia ha limitado las medidas a la corrección de errores técnicos en el filtrado de sus ventas globales.
Debido a este revés en los tribunales nacionales, la administración francesa ha manifestado la urgencia de actualizar las leyes de comercio electrónico tanto en Francia como en la Unión Europea. El objetivo es fortalecer la capacidad sancionadora contra las grandes plataformas digitales que operan en el mercado común. Actualmente, la Comisión Europea mantiene abierta una investigación que podría derivar en multas equivalentes al seis por ciento de la facturación mundial de la empresa si se comprueban violaciones a la normativa comunitaria.
