23 de abril de 2026 – Caracas – EFE.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comunicó oficialmente este jueves la conclusión de la etapa de amnistía en el país. Esta decisión se hace pública apenas dos meses después de la aprobación de la ley correspondiente, a pesar de que el texto legal original no establecía una fecha de vencimiento específica. Según informes de diversas organizaciones no gubernamentales, la medida se anuncia mientras todavía permanecen en prisión al menos 473 personas consideradas presos políticos por sectores de la oposición y organismos internacionales.
Durante su intervención, la mandataria no especificó los mecanismos técnicos que definen este cierre de la Ley de Amnistía, la cual fue sancionada el pasado 19 de febrero. Rodríguez señaló que los expedientes que quedaron excluidos de los beneficios de esta normativa podrán ser gestionados a través de otras instancias alternativas. Entre estas opciones mencionó el Programa para la Paz y Convivencia Democrática, así como la nueva Comisión para la Reforma de la Justicia Penal que fue instaurada formalmente durante la misma jornada.
La líder chavista defendió la ejecución de la normativa asegurando que el proceso ha tenido una cobertura exitosa y ha favorecido a un número importante de ciudadanos. En su discurso, atribuyó el origen de esta medida de gracia a la intensa confrontación política nacional y a lo que calificó como una agresión externa. Hizo referencia directa a los sucesos del 3 de enero, cuando se produjo la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en territorio venezolano durante una operación vinculada a los Estados Unidos.
En términos de cifras oficiales, el diputado Jorge Arreaza informó que hasta el momento se han amnistiado a 8,616 personas. De ese total, solamente 314 ciudadanos se encontraban efectivamente tras las rejas, mientras que el resto de los beneficiarios gozaban de diversas medidas cautelares. El gobierno aseguró haber recibido más de doce mil solicitudes válidas que cumplían con los requisitos de delitos y periodos establecidos en la ley, la cual abarca hechos específicos ocurridos desde el año 1999.
A pesar de los datos gubernamentales, persiste una falta de transparencia denunciada por la comunidad internacional. Hasta la fecha no se ha divulgado un listado oficial con los nombres de los beneficiados, una petición realizada reiteradamente por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. Por su parte, la organización Foro Penal indicó que sus registros muestran que menos de una cuarta parte de las liberaciones recientes en Venezuela están realmente vinculadas a la aplicación de esta ley.
Rodríguez aprovechó el acto para dar inicio a una consulta nacional destinada a transformar el sistema judicial venezolano mediante una nueva comisión de reforma penal. El objetivo declarado de esta iniciativa es erradicar problemas crónicos como el retardo procesal y las prácticas de corrupción dentro de las instituciones. La presidenta encargada recordó que cualquier beneficiario de la amnistía que incurra en nuevos delitos será procesado judicialmente, bajo la advertencia establecida en el último artículo de la normativa vigente.
