8 de mayo de 2026 – Santiago de Chile – EFE.
La administración de José Antonio Kast llevó a cabo este viernes el segundo vuelo de expulsión de ciudadanos extranjeros en situación irregular o con antecedentes penales. El operativo incluyó a un total de cuarenta personas que fueron trasladadas en una aeronave de la Fuerza Aérea de Chile. Los destinos del vuelo incluyeron Colombia, República Dominicana y Haití, marcando una continuidad en las políticas de control migratorio en el país.
Un punto destacado de esta jornada fue el reinicio de las deportaciones hacia Haití, las cuales no se realizaban desde el año 2024. Las autoridades explicaron que la suspensión previa se debió a la inestabilidad política y las dificultades logísticas en la nación caribeña. Sin embargo, en esta ocasión se logró coordinar el traslado de ciudadanos haitianos, entre ellos algunos vinculados a incidentes en espacios públicos chilenos.
Desde la llegada de Kast a la presidencia, el Ejecutivo ha reportado que cerca de mil cuatrocientos inmigrantes han abandonado el territorio nacional de manera voluntaria. La mayoría de estas personas son de nacionalidad venezolana que han decidido salir del país ante el nuevo contexto político. Estas cifras se suman a los esfuerzos del gobierno por regularizar o reducir la presencia de personas sin documentos vigentes en las diversas regiones.
Actualmente, existen miles de órdenes de expulsión pendientes que no han podido ejecutarse debido a la falta de relaciones diplomáticas con ciertos países. El caso más complejo es el de Venezuela, país con el que no se mantienen servicios consulares activos tras las tensiones políticas de años anteriores. Las autoridades chilenas han manifestado su intención de buscar canales de comunicación básicos para agilizar la salida de ciudadanos con órdenes judiciales.
Como parte de su estrategia de seguridad, el mandatario avanza en la implementación del Plan Escudo Fronterizo para resguardar las zonas del norte del país. Esta iniciativa incluye la construcción de barreras físicas en el desierto de Atacama para frenar el ingreso por pasos no habilitados. El proyecto busca fortalecer la vigilancia en las fronteras con Perú y Bolivia para reducir los índices de migración clandestina y crimen organizado.
El gobierno también impulsa cambios legislativos para endurecer las sanciones contra quienes ingresen al país de forma irregular, proponiendo que esto sea tipificado como un delito. Con más de trescientos mil extranjeros en estatus irregular según datos oficiales, la actual administración busca intensificar los operativos de fiscalización. La meta final es garantizar que la permanencia de extranjeros en el país se ajuste estrictamente a la normativa legal y de seguridad nacional.
