17 de diciembre de 2025 – EE.UU – Agencias.
Durante la sesión inicial de un juicio sin precedentes, la fiscalía presentó argumentos contra una magistrada de Wisconsin, señalando que ella aceptó plenamente la responsabilidad de sus actos al facilitar la huida de un ciudadano extranjero. Según el relato de las autoridades, la funcionaria instó al individuo a utilizar una salida privada del tribunal para evitar ser capturado por agentes federales que aguardaban en las instalaciones. Este proceso judicial marca un punto crítico en la supervisión de los servidores públicos frente a las políticas de control migratorio implementadas a nivel nacional.
La acusada, identificada como Hannah Dugan, enfrenta cargos por obstrucción y ocultamiento debido a un incidente ocurrido durante la pasada primavera en un tribunal de Milwaukee. El caso se centra en la intervención de la jueza durante una audiencia programada para un hombre que debía responder por cargos estatales. La fiscalía sostiene que la magistrada dirigió deliberadamente al sujeto hacia un pasillo de acceso restringido para burlar el operativo de seguridad que los oficiales de inmigración habían organizado fuera de su sala.
Los testimonios sugieren que la jueza instruyó a los agentes federales a consultar primero con la dirección del tribunal antes de proceder con cualquier detención dentro del edificio. Mientras se producía este desvío administrativo, ella habría ayudado al procesado a abandonar el lugar por una vía alternativa. Se mencionó ante el jurado que la propia funcionaria manifestó a su equipo de trabajo que estaba dispuesta a enfrentar cualquier repercusión legal derivada de su decisión de auxiliar al individuo en su escape.
Por su parte, la defensa argumenta que la magistrada nunca tuvo la intención criminal de bloquear el trabajo de la policía federal, sino que simplemente seguía los protocolos internos establecidos para la gestión de agentes externos en el juzgado. Según esta versión, otros oficiales que se encontraban en las áreas comunes tuvieron la oportunidad de realizar el arresto cuando el hombre salió del edificio, pero optaron por seguirlo a distancia en lugar de intervenir de inmediato. La defensa sostiene que ahora se busca utilizar a la jueza como chivo expiatorio por un operativo que no se ejecutó con éxito.
El trasfondo político de este juicio es evidente, ya que sectores opositores sugieren que el caso se está utilizando como una advertencia para otros miembros de la judicatura que se resisten a colaborar con las redadas migratorias. La funcionaria ha denunciado haber sido objeto de hostigamiento y amenazas contra su familia, mientras que figuras del entorno oficialista la califican de activista y exigen sanciones severas. El resultado de este litigio podría establecer un estándar sobre la inmunidad judicial y los límites de la autoridad de los jueces en sus propios recintos.
A pesar de la controversia, el ciudadano involucrado en el incidente original fue capturado posteriormente tras una persecución y finalmente deportado a su país de origen. Mientras tanto, el proceso contra la magistrada continuará con la declaración de numerosas personas que presenciaron los hechos. Si se determina que es culpable de los delitos imputados, la funcionaria podría recibir una condena de varios años de cárcel, lo que representaría un final drástico para su carrera dentro del sistema legal del estado.
