22 de abril de 2026 – Chile – Agencias.
La Municipalidad de San Felipe confirmó el inicio de una acción legal contra el concejal Ronald Olivares, de carácter independiente, tras revelarse que la denuncia por secuestro interpuesta por el funcionario en febrero de 2025 fue un montaje. El objetivo de este engaño era ocultar su ausencia laboral y el uso indebido de recursos públicos durante un viaje de capacitación a la zona de Viña del Mar.
El caso dio un giro inesperado cuando Olivares admitió ante las autoridades que nunca fue retenido contra su voluntad. En su declaración voluntaria, confesó que se alejó de sus obligaciones para adquirir sustancias ilícitas, específicamente pasta base de cocaína, en un sector conocido por la presencia de viviendas precarias o rucos. Este reconocimiento desmoronó la versión inicial de un asalto violento.
Según los antecedentes recopilados, el edil destinó cerca de 350 mil pesos chilenos para la compra de drogas y alcohol. Este monto correspondía íntegramente a los viáticos entregados por el Estado para financiar su participación en una jornada de formación profesional. La confesión detalla que el funcionario se encontró con individuos que lo llevaron al lugar de consumo de manera voluntaria.
Olivares justificó su conducta inicial señalando que sintió temor a represalias laborales y familiares debido a una recaída en su proceso de rehabilitación por adicciones. Durante el tiempo que permaneció desaparecido, el concejal aseguró haber visto armas blancas y de fuego entre las personas presentes, lo que utilizó posteriormente para dar veracidad a su falso relato de inseguridad.
La querella presentada por la administración local busca sancionar las irregularidades detectadas en el manejo de fondos públicos y la falsa alarma provocada a las instituciones de emergencia. Las autoridades municipales subrayaron la gravedad de que una autoridad comunal utilice dinero fiscal para actividades ilícitas y luego intente engañar al sistema judicial con denuncias infundadas.
Actualmente, el proceso judicial contra Ronald Olivares sigue su curso mientras la comunidad de San Felipe exige transparencia y medidas ejemplares por el uso de recursos municipales. Este evento pone bajo la lupa los controles sobre los viáticos y la conducta ética de los representantes políticos en la región, marcando un precedente negativo para la confianza ciudadana.
