27 de mayo de 2025 – San Salvador – EFE.
El congresista demócrata estadounidense Glenn Ivey denunció que las autoridades de El Salvador le negaron la entrada para visitar a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño detenido tras ser deportado desde Estados Unidos, a pesar de contar con un estatus legal que lo protegía. Ivey expresó su decepción y molestia por no poder ver a Ábrego durante su reciente visita al país centroamericano.
Ivey, representante del estado de Maryland, explicó que al llegar a la prisión para realizar la visita, el personal de la cárcel no les permitió el acceso, argumentando que necesitaban un permiso especial para ingresar. Sin embargo, el congresista aseguró que ya había coordinado con las autoridades encargadas de admisiones, por lo que consideró la negativa como injustificada.
Antes de esta visita, Ivey se había reunido con la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, para solicitar formalmente la visita a Ábrego. También mencionó que intentó coordinar un encuentro con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, quien ya había conocido en una visita anterior, pero esta reunión no llegó a concretarse.
Por su parte, el abogado de la familia de Ábrego, Chris Newman, expresó preocupación por la falta de información sobre el estado de salud y la ubicación exacta de Kilmar Ábrego. Newman solicitó pruebas de que el detenido esté vivo y denunció que no se ha tenido contacto con él desde el 17 de mayo.
El abogado insistió en la necesidad de que Ábrego reciba atención médica adecuada y acceso a servicios legales, resaltando que el salvadoreño cuenta con un equipo de abogados que lo representa y ha logrado éxitos legales en Estados Unidos. La familia busca garantizar sus derechos y seguridad en prisión.
Kilmar Ábrego había huido de El Salvador debido a amenazas y extorsiones de la pandilla Barrio 18, según documentos legales presentados por su defensa. Él es uno de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, deportados por EE.UU. y recluidos en prisiones de alta seguridad en El Salvador sin contacto con sus familias ni abogados, situación que defensores de derechos humanos han calificado como una desaparición forzada.
