25 de mayo de 2026 – La Paz – EFE.
La crisis política en Bolivia se intensifica al cumplir un mes de movilizaciones consecutivas por parte de sectores campesinos y obreros que exigen la dimisión inmediata del presidente Rodrigo Paz. A pesar de los recurrentes intentos de concertación por parte del órgano ejecutivo, las principales organizaciones sociales, entre las que destacan los manifestantes aimaras, la Central Obrera Boliviana y las facciones leales al exmandatario Evo Morales, reactivaron las marchas masivas descendiendo desde la urbe de El Alto hacia el núcleo político de La Paz.
El despliegue civil cercó las inmediaciones de la plaza Murillo mediante columnas humanas provenientes de diversos puntos cardinales de la capital. La tensión social escaló cuando grupos de manifestantes intentaron romper el perímetro de seguridad del recinto gubernamental, fuertemente custodiado por fuerzas policiales y militares. La respuesta de los cuerpos de seguridad incluyó el uso de agentes químicos para dispersar la concentración, en un contexto donde los sindicatos mineros rechazan un proyecto legislativo que busca flexibilizar la declaración del estado de excepción en el país.
La polarización civil ha comenzado a fracturar otras regiones clave del territorio boliviano, especialmente en el departamento de Santa Cruz. El liderazgo cívico de esta región oriental, considerada el motor económico de la nación, convocó a asambleas ciudadanas de emergencia para coordinar acciones frente al desabastecimiento provocado por los cortes de rutas. Voceros del Comité Cívico alertaron sobre un presunto quiebre del orden constitucional e instaron a la ciudadanía a abastecerse de productos básicos mientras defienden el derecho a la libre transitabilidad.
El impacto económico de las protestas en Bolivia ya se manifiesta en la paralización parcial del transporte urbano en La Paz debido a la severa escasez de hidrocarburos provocada por los bloqueos de carreteras. Asimismo, las operaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto sufren graves alteraciones por bloqueos periféricos que impiden el flujo normal de viajeros y mercancías. Ante esta coyuntura, el mandatario Rodrigo Paz se trasladó a Sucre, desde donde anunció una reducción salarial del cincuenta por ciento para el gabinete ministerial y prometió aplicar el marco constitucional para restablecer el orden.
El aislamiento vial que sufre el departamento de La Paz desde hace casi tres semanas se ha expandido de manera crítica hacia distritos como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz, complicando el panorama para el gobierno de Paz, quien apenas computa medio año de gestión. Con el fin de mitigar la escasez de insumos médicos y alimentarios en las zonas más afectadas, la administración central implementó puentes aéreos de abastecimiento y comenzó a gestionar la recepción de ayuda logística internacional proveniente de países vecinos y de Estados Unidos.
La viabilidad de una salida negociada parece lejana tras el fracaso de la última convocatoria al diálogo programada para este pasado fin de semana entre las autoridades y los representantes indígenas. Los acercamientos preliminares quedaron suspendidos luego de que los intentos por consolidar un corredor humanitario terminaran en enfrentamientos directos entre las fuerzas del orden y los comunarios en las principales vías de comunicación del país.
