19 de agosto de 2025 – San José – EFE.
Representantes de Aldo Zuccolillo, exdirector del diario paraguayo ABC Color, presentaron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), argumentando que el Estado de Paraguay violó la libertad de expresión y de pensamiento del periodista. La denuncia se basa en una condena penal que Zuccolillo recibió por delitos relacionados con el honor.
El abogado Rodrigo Yodice, testigo en la audiencia y colaborador de la familia Zuccolillo, afirmó que en Paraguay los medios de comunicación cumplen una función de contrapeso frente a la corrupción. También señaló que las denuncias penales por delitos contra el honor que funcionarios públicos interponen contra periodistas son frecuentes y tienen un efecto disuasorio en el ejercicio de la prensa.
Yodice explicó que la forma en que el sistema penal paraguayo aborda los delitos contra el honor, con definiciones vagas y amplias, es una violación a la Constitución del país y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo que respecta a la libertad de expresión, prensa e información. Subrayó que la vía penal se convierte en una herramienta para inhibir y disuadir la libertad de expresión.
El caso que se analiza en la CorteIDH busca determinar la responsabilidad del Estado paraguayo por supuestas violaciones a los derechos de libertad de expresión, legalidad y garantías judiciales en perjuicio de Zuccolillo. La denuncia se centra en una querella criminal que el entonces senador Juan Carlos Galaverna interpuso contra Zuccolillo y el diario ABC Color en 1998 por calumnia, difamación e injuria.
Galaverna alegó que el medio había publicado al menos quince notas “manipuladoras, mentirosas, distorsionadas y tendenciosas” con el objetivo de desacreditarlo. En 2001, Zuccolillo fue condenado. La sentencia fue apelada, pero en 2005 la Corte Suprema de Paraguay ratificó los tres delitos iniciales y le impuso una sanción económica adicional conocida como “composición”.
El monto total de la multa ascendió a aproximadamente 250.000 dólares, según la demanda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la CorteIDH. En la audiencia, el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, sostuvo que el Estado violó los derechos del periodista y que las críticas publicadas por el diario eran sobre temas de interés público, por lo que el uso del derecho penal para proteger el honor de un senador era inaplicable. Vaca agregó que las leyes penales usadas para condenar al periodista eran “demasiado amplias y vagas”. Tras la audiencia, las partes tienen un mes para presentar sus argumentos finales. Después de ese período, la CorteIDH emitirá su fallo.
