4 de febrero de 2026 – Nueva York – EFE.
El comunicador Don Lemon relató que un grupo numeroso de oficiales federales se presentó en su hotel de Los Ángeles para detenerlo, a pesar de que su defensa ya había notificado la disposición del periodista para entregarse por cuenta propia. Lemon criticó el despliegue policial calificándolo como un uso ineficiente de fondos públicos y una medida innecesaria, dado que no existía riesgo de fuga ni intención de evadir a la justicia por los cargos de supuestas infracciones a derechos civiles que se le imputaban.
La detención ocurrió mientras el periodista realizaba labores de cobertura previas a la ceremonia de los Premios Grammy. Tras pasar la noche bajo custodia, un juez determinó su liberación inmediata sin exigir un pago económico y permitiéndole mantener su libertad de movimiento tanto nacional como internacional. Según el testimonio del presentador, el arresto se produjo de manera abrupta en las instalaciones de su alojamiento, una acción que interpretó como un intento directo de causarle humillación y ejercer presión psicológica.
Durante el incidente, Lemon solicitó ver la documentación legal que respaldaba su captura, pero los agentes presentes admitieron inicialmente no tenerla en físico. Fue necesario esperar la llegada de un representante del FBI, quien finalmente le exhibió la orden de detención de forma digital a través de un dispositivo móvil. Este episodio se suma a una serie de fricciones legales que el comunicador ha enfrentado recientemente en relación con su actividad profesional y la forma en que las autoridades federales ejecutan este tipo de procedimientos.
El origen de la disputa judicial se sitúa en una manifestación ocurrida en una iglesia de Minesota, donde un grupo de personas protestó contra un líder religioso vinculado a servicios de inmigración. El gobierno intentó procesar a varios individuos, incluyendo a Lemon, bajo leyes federales diseñadas para proteger la libertad de culto y evitar interferencias en servicios religiosos. La acusación señalaba una supuesta conspiración para violar derechos constitucionales durante la cobertura de dicho evento de protesta.
No obstante, la revisión legal del caso por parte de un magistrado arrojó que las pruebas presentadas contra el periodista eran insuficientes para sostener los cargos, desestimando la mayoría de las acusaciones iniciales. Lemon ha defendido su presencia en el lugar de los hechos aclarando que no formaba parte de los manifestantes y que su único objetivo era documentar la noticia. Su detención ha sido vista por algunos observadores como un ataque directo a la labor informativa y al ejercicio del periodismo en el país.
Tras su liberación, Lemon denunció que se le privó del derecho a comunicarse telefónicamente mientras estuvo retenido por muchas horas en una dependencia federal. A pesar de la experiencia vivida y de la presión ejercida por el Departamento de Justicia, el comunicador reafirmó su compromiso con su profesión. Aseguró que estos eventos no lograrán callar su voz ni impedirán que continúe informando sobre temas de interés público, subrayando la importancia de defender la libertad de prensa.
