2 de febrero de 2026 – Washington – EFE.
La secretaria de Seguridad Nacional ha comunicado que los oficiales de inmigración en Mineapolis deberán utilizar cámaras corporales en sus uniformes de forma obligatoria. Esta determinación surge como respuesta directa a los recientes incidentes donde dos personas perdieron la vida durante operativos realizados por estas fuerzas de seguridad. La medida busca aumentar la supervisión de las actuaciones policiales en esa localidad tras los trágicos eventos reportados recientemente.
El anuncio fue difundido por la funcionaria mediante sus redes sociales tras coordinar con los principales directivos de las agencias de control fronterizo y aduanero. Se confirmó que los líderes del Servicio de Inmigración y otros altos cargos del gabinete de seguridad están alineados con esta nueva disposición operativa. La implementación comenzará de manera inmediata en la zona afectada antes de buscar un alcance mucho mayor.
Este cambio en los protocolos sucede poco después de que la administración decidiera renovar el liderazgo encargado de los operativos migratorios en esa ciudad. El objetivo de este movimiento en la jerarquía es rediseñar la forma en que se llevan a cabo las redadas y mejorar el control sobre los agentes en el terreno. La sustitución de mandos anteriores refleja una intención de modificar la estrategia de seguridad interna ante la presión pública.
Aunque la fase inicial se concentra en una ubicación específica el plan contempla llevar esta tecnología a todo el territorio estadounidense conforme se obtengan los recursos económicos necesarios. La intención del departamento es agilizar la compra y distribución de estos dispositivos para que todos los elementos de seguridad nacional cuenten con ellos en sus tareas diarias. El despliegue definitivo dependerá totalmente de la asignación de partidas presupuestarias futuras.
El propio presidente se ha pronunciado sobre la medida indicando que la grabación de las intervenciones resulta beneficiosa para el cumplimiento de la ley en la gran mayoría de los casos. Sus declaraciones sugieren una aceptación de la herramienta como un mecanismo útil para validar el trabajo de las autoridades. Esta postura coincide con una demanda creciente de mayor transparencia en las funciones de control fronterizo y detenciones migratorias.
La adopción de estas cámaras también representa un punto clave en las negociaciones políticas actuales dentro del congreso nacional. Los legisladores de la oposición han condicionado la aprobación de fondos gubernamentales a la inclusión de medidas de transparencia tras los sucesos de Mineapolis. Actualmente se espera una resolución legislativa que permita financiar al departamento y evitar que se mantenga la paralización administrativa por falta de acuerdo económico.
