11 de septiembre de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – EFE.
Un juez federal emitió una orden temporal para que la administración del presidente Donald Trump restablezca una política que garantiza a los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, el acceso a ciertos beneficios de salud y servicios sociales. La decisión tiene un impacto significativo, especialmente en programas dirigidos a niños en edad preescolar.
La orden fue emitida por el magistrado Ricardo Martínez, del Distrito Oeste de Washington en Seattle, quien bloqueó una directiva del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) que había sido implementada en julio. Esta directiva buscaba restringir la participación de familias inmigrantes en varios programas gubernamentales basándose en su estatus migratorio.
El HHS había modificado la interpretación de la ley de 1996 conocida como PRWORA, que define lo que constituye un “beneficio público federal”. Con este cambio, la administración Trump pretendía impedir que los inmigrantes sin documentos accedieran a beneficios financiados con fondos federales, como el programa preescolar Head Start.
La abogada Jennesa Calvo-Friedman, del Proyecto de Derechos de la Mujer de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, celebró la decisión judicial. Ella representa a los demandantes en el caso y declaró que la corte dejó claro que el HHS no tiene la autoridad para imponer restricciones migratorias a las familias que participan en el programa Head Start.
Calvo-Friedman enfatizó que ninguna familia o niño debería vivir con el temor de perder el acceso a servicios educativos esenciales como Head Start. Su declaración subraya la importancia de estos programas para el desarrollo temprano de los menores.
Este fallo judicial es el resultado de una demanda presentada por una coalición de 21 estados que buscaban detener la implementación de la nueva política del HHS. La decisión del juez Martínez representa un revés para la directiva de la administración y un alivio para las familias inmigrantes afectadas.
