4 de febrero de 2026 – Ciudad de México – EFE.
La administración federal de México ha dado a conocer una ambiciosa estrategia de inversión que abarca tanto capital público como esquemas de colaboración mixta para el resto de la década. El plan proyecta el uso de una suma masiva de recursos financieros equivalentes a cientos de miles de millones de dólares entre los años 2026 y 2030. Esta iniciativa surge como una medida para reactivar la dinámica económica nacional, buscando que el gasto en infraestructura sirva como motor para el desarrollo interno y el bienestar social en un periodo de crecimiento moderado.
El portafolio de inversión fue estructurado tras una revisión minuciosa de más de mil quinientos proyectos propuestos por diversas instituciones gubernamentales. Según los encargados de la política financiera, los recursos se distribuirán en ocho áreas que se consideran fundamentales para el progreso del país. El sector energético es el que recibirá la mayor parte de este presupuesto, seguido de manera importante por el desarrollo de vías ferroviarias y la red de carreteras, mientras que otros rubros como la infraestructura hidráulica y la salud pública también tienen asignaciones específicas.
Para el año en curso, el gobierno pretende inyectar una cantidad adicional de capital que representa cerca del dos por ciento de la riqueza nacional producida anualmente. Este incremento presupuestario busca complementar el gasto ya autorizado, enfocándose en acelerar la ejecución de obras que habían sido planeadas previamente. La meta es que esta movilización de fondos tenga un impacto tangible en la calidad de vida de la población a través de la mejora en los servicios de agua potable, electricidad y conectividad terrestre en diversas regiones.
Con el fin de garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente, se ha anunciado la formación de un organismo especializado dedicado a la planificación y el seguimiento de cada obra. Este consejo, liderado por la jefatura del ejecutivo, se encargará de vigilar los avances financieros y físicos, asegurando que los proyectos no sufran estancamientos burocráticos. Además, se planea la creación de fondos específicos que funcionen como mecanismos financieros ágiles y claros para facilitar la llegada del capital a los destinos finales.
La estrategia mantiene un enfoque donde el Estado conserva el control de las áreas de interés nacional, especialmente en la generación de energía eléctrica. Se ha definido un esquema donde el sector público lidera la producción, permitiendo la participación de empresas privadas bajo límites establecidos por la ley. Esta participación conjunta también se extiende a comunidades sociales y ejidales, buscando que los beneficios de las obras de infraestructura se compartan con los sectores que tradicionalmente han tenido menos acceso a las inversiones de gran escala.
Finalmente, se espera que en el transcurso de las próximas semanas se detallen los proyectos individuales que conforman cada rama del plan. El marco jurídico necesario para sustentar estos nuevos modelos de financiamiento será enviado al poder legislativo para su pronta revisión y aprobación. A través de este impulso masivo a la construcción y modernización del país, las autoridades confían en establecer las bases para una economía más sólida y equitativa que responda a los desafíos productivos y ambientales actuales mediante el uso de fuentes de energía renovable.
